Por Daniel García, médico del CS Vicente Soldevilla y miembro de la Mesa de Salud Comunitaria de San Diego
Otra vez ha vuelto a ocurrir. La mujer que tengo delante de mí, Lucila, ha sido dada de baja del sistema. Durante años ha podido acudir a consultas, realizar el seguimiento de su diabetes y acudir a especialistas. Ahora ya no. La han expulsado del sistema. Sin avisarla, sin decirla nada. Se acaba de enterar al venir a consulta por un dolor de espalda que la limita mucho en el trabajo que realiza, cuidando a una persona mayor en su domicilio. No entiende qué es lo que ha pasado. Con ella, somos muchas las personas que no entendemos el porqué de esta nueva vuelta de tuerca exclusión sanitaria.
Su caso no es único, ni mucho menos. Desgraciadamente se repite con frecuencia en nuestros centros de salud desde finales del año pasado. De hecho, se calcula que más de 27.000 personas han sido dadas de baja por el sistema sanitario madrileño. Estas bajas se han realizado sin información previa, sin solicitar documentación complementaria y sin ofrecer un plazo para volver a acreditar el derecho. En muchos casos se ha dado la baja a personas cuya situación administrativa no había variado y que, por tanto, deberían seguir teniendo asistencia sanitaria.
Esta depuración se relaciona con la puesta en marcha de las Unidades de Tramitación para extranjeros, creadas en noviembre de 2021 supuestamente para “facilitar el acceso a la sanidad pública a extranjeros en situación irregular”. Son siete unidades, una por cada Dirección Asistencial, que acaban con la accesibilidad que se favorecía al poder realizar las tramitaciones para la atención sanitaria en el centro de salud que correspondía a cada cual. Sí que hay que acudir a estos para pedir la cita, tras comprobar que toda la documentación cumple con la normativa, pero esta cita se aleja en el tiempo (hay meses y meses de lista de espera, y mientras tanto no se tiene derecho a atención sanitaria y si se acude a urgencias se facturará la atención) y en el espacio (las Unidades de Tramitación está muy lejos del domicilio de algunas personas). Se generan así dinámicas de segregación, diferenciada del resto de la ciudadanía, y cuellos de botella para la tramitación del derecho a la sanidad de estas personas, con un gran coste en salud consiguiente.
‘Apartheid’ sanitario
¿Por qué se está produciendo todo esto? Todo comenzó con la política de ‘apartheid’ sanitario instaurada por el PP con el Real Decreto 16/2012, que expulsó del sistema a algunos colectivos, entre ellos a las personas en situación irregular. En el 2018 el gobierno del PSOE anunció que revertiría esta situación con el Real Decreto 7/2018, pero, aunque cambió algunos elementos, también afianzó algunas de las dinámicas de exclusión. En el artículo 3 de esta norma se indicaba que las personas sin residencia legal y con estancia temporal no podían acceder a la sanidad, salvo que hubiera un informe favorable de los servicios sociales de cada comunidad autónoma. Esto fue interpretado por muchas, y especialmente en la nuestra, de una manera restrictiva. Algunos ejemplos de lo que ocurre en la Comunidad de Madrid:
-Se exige como documento de identidad un pasaporte en vigor, quedando fuera los pasaportes caducados o documentos identificativos del país de origen.
– Se entiende como turista a todas las personas que no tienen padrón de tres meses, aunque éstas hayan entrado de manera irregular, lo que no corresponde para nada con situaciones de turismo.
-No se admiten los informes de trabajadoras sociales como documentos acreditativos de residencia cuando las personas tienen problemas para empadronarse por su situación de vulnerabilidad.
-No se hacen excepciones ni siquiera en casos que antes sí que estaban contemplados, como las mujeres embarazadas o a menores, ni tampoco en el caso de personas con enfermedades crónicas o que supongan un riesgo de contagio (VIH, enfermedades de transmisión sexual o hepatitis).
-También se quedan fuera de la atención sanitaria personas reagrupadas ascendentes, independientemente de su situación de vulnerabilidad.
Lucila me pregunta cómo va a hacer para poder seguir su tratamiento de la diabetes ahora que le han dado de baja. Y también se siente insegura sobre qué va a pasar con las citas que tiene pendientes con especialistas en el hospital. Le digo que vamos a tratar de buscar una solución, pero al mismo tiempo no puedo darle una cita para volverla a ver y comentar las opciones que se vayan encontrando. Necesita atención, ha tenido derecho a ella y debería seguir teniéndola, pero mientras no tenga la cita con la Unidad de Tramitación todo queda en el aire y se tiene que gestionar de manera informal.
Hay otras personas como Lucila que no llegan a venir al centro de salud. Que se encuentran de repente fuera del sistema y no se atreven a acudir por miedo a que les emitan una factura. Un grupo de mediadoras interculturales sobre salud sexual y reproductiva comentaban en una reunión sobre este tema hace unos meses que hay muchas mujeres que dan a luz en casa por miedo al rechazo de los hospitales, tras haberse encontrado barreras de todo tipo para acceder a ellas. Los casos de interrupción voluntaria del embarazo quedan aún más fuera del foco todavía.
Mientras tanto, el Gobierno trabaja sobre un anteproyecto de la ley de sanidad universal, pero desde los colectivos con más experiencia en este campo se señala que no garantiza la cobertura a todas las personas y advierten de que seguirá generando casos de exclusión. Por ello se concentraron el pasado 7 de abril en la puerta del Ministerio de Sanidad para entregar un manifiesto firmado por más de 300 organizaciones sociales, sociedades científicas, colectivos y 1.400 profesionales sanitarios en el que reclaman al Gobierno que ponga fin definitivamente a la exclusión sanitaria en la nueva ley.
Universalidad de la atención sanitaria
La lucha por la universalidad de la atención sanitaria, por garantizar el derecho a la atención sanitaria, se juega de esta manera en muchos ámbitos. Es fundamental que sepamos abrir las puertas de las consultas de los centros de salud, así como ojos y oídos para que nadie que necesite atención sanitaria quede fuera de ellas por procedimientos administrativos excluyentes. Pero también es importante incidir sobre éstos, dando a conocer estas realidades entre vecinos y vecinas, movilizando fuerzas para denunciar las barreras que gobiernos regionales, como el de Madrid, ponen en pie, así como a nivel nacional de cara a que poder obtener una nueva ley que de verdad haga honor a su nombre: Ley de Equidad, Universalidad y Cohesión del Sistema Nacional de Salud.
Desde la Mesa de Salud Comunitaria de San Diego estamos recogiendo casos para entender mejor lo que está pasando y buscar vías de asesoramiento y solución. Si quieres aportar información o consultar, escribe a: saludsandiegovallecas@gmail.com
