REDACCIÓN.
Diversas organizaciones (Andalucía Acoge, Asociación Apoyo, Asociación Proderechos Humanos de Andalucía, Comisión Española de Ayuda al Refugiado, Convivir sin Racismo, Coordinadora de Barrios, C.P. San Carlos Borromeo, Federación Estatal de Asociaciones de SOS Racismo, Foro Galego de Inmigración, Karibu, Médicos del Mundo, Mugak, Red Acoge y Servicio Jesuita a Migrantes) han remitido una queja a la Comisión Europea como continuación a la enviada el pasado 21 de febrero por medio centenar de entidades como consecuencia de los sucesos de la playa del Tarajal en Ceuta. En esta ocasión, las organizaciones firmantes han incidido en la persistencia, por parte de las autoridades españolas, en practicar expulsiones colectivas y sumarias, tanto en Ceuta como en Melilla.
En la queja se aporta información sobre las actuaciones de las fuerzas de seguridad en estos tres últimos meses, así como la argumentación jurídica en la que descansa la valoración de que se están violando derechos básicos de esas personas y la normativa española, europea e internacional vigente. Estas vulneraciones afectan tanto a personas que tratan de acceder a la Unión Europea en busca de un futuro, como a aquellas necesitadas de protección internacional que huyen de guerras, persecuciones y violaciones de derechos humanos.
La queja incide en que “las prácticas que se están llevando a cabo por parte de los cuerpos de seguridad españoles y marroquíes ponen en grave peligro la vida e integridad física de las personas que intentan llegar a la Unión Europea convirtiendo su trayecto migratorio en un continuo sufrimiento. La persistencia en este modo de proceder pone de manifiesto la falta de voluntad del Gobierno español de poner fin a estas prácticas y asegurar el respeto de los derechos humanos y de la ley en las fronteras”.
Por todo ello, las entidades firmantes de la queja solicitan a la Comisión Europea que investigue en profundidad los hechos allí mencionados y, si procede, abra un procedimiento de infracción contra España y que exija al Gobierno de España el respeto de los derechos humanos y el cumplimiento de la legislación nacional e internacional vigente en las actuaciones que lleven a cabo los cuerpos y fuerzas de seguridad del Estado en las fronteras españolas de Ceuta y Melilla.
