Escribe: Cristina Estévez.
El Real Decreto Ley 16/2012 vincula el derecho a la atención sanitaria con el aseguramiento y excluye de la atención sanitaria gratuita a quienes no estén asegurados.
La última vuelta de tuerca para cargarse el sistema sanitario público la acaba de hacer el Gobierno y está publicada en el BOE con el engañoso nombre: “Real Decreto Ley 16/2012 de 20 de abril, de medidas urgentes para garantizar la sostenibilidad del Sistema Nacional de Salud y mejorar la calidad y seguridad de sus prestaciones”.
Con este RDL se introduce un verdadero cambio en el modelo sanitario español, ya que vincula el derecho a la atención sanitaria con el aseguramiento, y deja claro que se excluye de la atención sanitaria gratuita a quienes no estén asegurados.
Volvemos a la etapa anterior a la Ley General de Sanidad de 1986, cuando se financiaba con las cotizaciones de la Seguridad Social de los trabajadores y solo se atendía a los afiliados y a sus familias. Pero ahora es peor, porque en ninguna parte dice que este seguro tenga que ser de la Seguridad Social, lo que deja abierta la puerta a los seguros privados.
Este RDL pretende acabar con la única prestación social que era igual para todos los ciudadanos de este país, una conquista que con muchas luchas conseguimos en la Transición, un Sistema Nacional de Salud que desde la Ley General de Sanidad del 86 está financiado por los presupuestos del Estado, es decir: se paga con los impuestos, no es un seguro, lo pagamos entre todos. Es por eso que la cobertura es universal: la usamos todos en la medida que la necesitamos. Sin embargo este RDL deja sin cobertura, por ejemplo, a los inmigrantes no regularizados que viven en nuestro país.
Además, con el pretexto de que el sistema sanitario es insostenible económicamente, cuando en realidad es el más barato de Europa, introduce un nuevo sistema de copago farmacéutico, con cuatro tramos de aportación sobre el precio de los medicamentos:
— 60% para rentas superiores a 100.000 €
— 50% para rentas entre 18.000 y 100.000 €
— 40% para rentas inferiores a 18.000 €
— 10% para los pensionistas con pensión superior a 650 €. A estos últimos se les ponen unos topes máximos de pagos mensuales.
— 8 € para rentas menores de 18.000 €
— 18 € para las situadas entre 18.000 y 100.000 €
— 60 € para las superiores a 100.000 €
En principio, los pensionistas, cuando vayan a la farmacia, tienen que pagar el 10 % de todos los medicamentos, y la Comunidad Autónoma les devolverá lo que hayan pagado de más, con una periodicidad máxima de seis meses.
En un barrio como Vallecas hay un alto porcentaje de pensionistas con rentas de poco más de 650 €, ¿cómo van a poder pagar el 10 % de sus medicinas? ¿Podrán comer, pagar la luz…? Es una agresión a este colectivo, que además es el que tiene mayores problemas de salud, porque éste no es el único copago. También habrá que pagar los transportes sanitarios no urgentes, las ortopedias, los productos dietéticos en cantidades que aún están por determinar.
Resumiendo, este RDL deja claras algunas cosas:
— Es un cambio de modelo. La sanidad deja de ser universal y gratuita.
Se abre la puerta a los seguros privados: sanidad para ricos y para pobres.
— Con el copago se penaliza a los enfermos crónicos, a los pensionistas y a las personas con pocos recursos.
— Deja sin atención sanitaria a un grupo socialmente muy desfavorecido, los emigrantes no regularizados, y no está
claro cómo quedará la situación para los mayores de 26 años que no hayan cotizado a la Seguridad Social.
— Se van a retirar nuevos medicamentos de las prestaciones: otro nuevo “medicamentazo”.
El impacto de estas medidas sobre la ciudadanía es difícil de evaluar todavía, pero inevitablemente se concretará
en un empeoramiento de la salud. ¿Y esto va a significar mucho ahorro? Pues parece que no, porque, entre otras cosas, para llevarlo a cabo tendrán que hacer tarjetas sanitarias nuevas y un sistema de control que probablemente cueste más de lo que ingresen con el copago y con lo poco que gastan en sanidad los inmigrantes no regularizados.
Está claro que el objetivo es degradar el sistema sanitario público para que, el que pueda, pague un seguro privado. Pero algunos también tenemos claro que no podemos permitírselo y que vamos a hacer todo lo posible para impedirlo. Son muchos los colectivos que en nuestro barrio se están moviendo por la defensa de la Sanidad Pública. Salgamos a la calle. La sanidad no es un negocio.
