Cañada Real, futuro incierto

El acuerdo marco se firmó el 30 de abril de 2014. /FOTO: Prensa CAM
El acuerdo marco se firmó el 30 de abril de 2014. /FOTO: Prensa CAM

ROBERTO BLANCO TOMÁS.

Las cañadas reales son vías pecuarias para el traslado de ganado. La que hoy nos preocupa es la Cañada Real Galiana, de unos 400 km de extensión, 93 de los cuales están en territorio madrileño. De ellos, el tramo comprendido entre Coslada y Madrid —14,2 km— “se ha convertido en una ‘ciudad lineal’ no planificada”, según explica el acuerdo marco social firmado por la Comunidad de Madrid y los ayuntamientos de Coslada y la capital en 2014.

¿Cómo empezó esto? Hacía doscientos años que por allí ya no pasaba ganado, motivo por el cual a partir de finales de los años cincuenta, y facilitado este proceso por una serie de leyes promulgadas en 1958, 1968 y 1974, población procedente de otros puntos de la península se fue asentando para cultivar y revitalizar esta tierra. Dicha población fue creciendo en los años ochenta con familias gitanas que vivían en núcleos chabolistas, que se empezaban a erradicar. Muchos fueron realojados en pisos de protección oficial, pero algunas familias no consiguieron acceso a esas viviendas y vinieron a la Cañada. En los años noventa, con el aumento de la inmigración, comienzan a instalarse también personas de origen extranjero por diversos motivos —no disponer de papeles, escasez de recursos…—. Todo ello da forma a la Cañada que hoy conocemos.

En 2005 comienzan a llegar notificaciones de derribo a familias de diferentes zonas del asentamiento. El año anterior se habían firmado los acuerdos de la construcción de cinco nuevos PAUs, y este suelo era necesario para continuar la expansión urbanística de la capital. En 2007 la Cañada Real ya “suena” como un barrio marginal y en conflicto, porque comienzan los derribos y sus pobladores se defienden. Habían llegado las notificaciones, sí, pero como nunca antes había ocurrido esto y había gente que llevaba allí muchos años, no hicieron demasiado caso. Al ver que la cosa iba en serio, se hizo frente y salió en los medios de comunicación. Todo ello coincidió con la llegada del mercado de la droga en zonas del sector 6, donde empezaron los derribos, y del sector 5, lo que contribuyó a su eco mediático.

Pero todo ello también ha favorecido que en estos siete años los vecinos se hayan organizado y movilizado, y que hayan aparecido en la zona muchos activistas sociales y entidades como Cáritas, la parroquia, El Fanal, Cruz Roja, Secretariado Gitano, Accem, Alamedillas… y así hasta una quincena de asociaciones que se han interesado por lo que está pasando en este barrio, que necesita una solución urbanística y social. Toda esta presión hace que la CAM se plantee regularizar la situación. Desde 1974 —con la última ley que permitía asentarse allí y cultivar— hasta 1995 —cuando se aprueba la primera ley de vía pecuaria en España— no hay ninguna regularización. Durante esos años, incluso la Policía, cuando veía a los vecinos construyendo, hacía comentarios de ánimo, del tipo de “qué bonita te está quedando la casa”. No había problema: era un barrio en autoconstrucción, y ninguno de los vecinos podía pensar que algún día les podrían derribar la vivienda. Sabían que no podían comprarla, que no había escrituras, que no eran propietarios, pero muchos incluso pagaban el IBI —de hecho se ha pagado durante muchos años, tanto en Rivas y Coslada como en la capital, hasta que en 2012 dejó de cobrarlo el ayuntamiento de Madrid—. En 1995 llega la ley de vía pecuaria, y en 1998 se transfiere esta competencia a las comunidades autónomas. En 2004 se aprueban los PAUs, y los pobladores de la Cañada estorban. La solución que se encuentra es derribar estas viviendas para continuar la expansión, pero he aquí que  llega la crisis inmobiliaria y estos proyectos quedan paralizados, lo que ha facilitado que los vecinos puedan continuar en sus casas, a tenor de las expresiones públicas hechas en los últimos años en Cañada Real Galiana.

Con el objeto de dar una solución a este espacio, en marzo de 2011 se aprueba la Ley de la Cañada Real Galiana. Esta ley obliga a los tres ayuntamientos afectados a realizar unos censos para así saber cuántas personas viven allí. El censo se realizó en el verano de ese mismo año, pero aún no ha sido publicado. También se prevén diversas mesas de negociación con las asociaciones debidamente acreditadas. Para desarrollar todo esto, deben reunirse las Administraciones afectadas (ayuntamientos de Rivas, Coslada y Madrid, CAM y Delegación de Gobierno), crear un acuerdo marco y empezar a trabajar. El horizonte: urbanizar la Cañada; dotarla de suministros, alcantarillado… que se quede el mayor número posible de sus habitantes, dignificar el barrio y que éste participe plenamente en el proceso.

El acuerdo marco se firma el 30 de abril de 2014, con la ausencia del ayuntamiento de Rivas, al que se llama a sumarse, pero hasta la fecha no lo ha hecho. El 24 de junio se crea una mesa de asociados con representación de todas las partes: vecinos, entidades y políticos. Entre julio y septiembre hay mucho movimiento: se constituyen cuatro mesas de trabajo —Educación, Empleo, Sanidad y Social—, pero no lo hacen las de Urbanismo, Vivienda y Jurídico, las tres líneas importantes para que el proyecto salga adelante. Se han venido realizando diferentes comisiones de trabajo de la mesa Social, habiéndose ralentizado el ritmo inicial de comisiones mensuales a medida que ha pasado el tiempo. En noviembre no se ha celebrado ninguna comisión, mientras que desde el 22 de septiembre hasta el 8 de octubre han llegado 18 notificaciones de demolición, y los vecinos han tenido que ponerse en “modo defensa” para evitarlas.

Ante este panorama, las entidades que trabajan en la Cañada están muy preocupadas. Se han implicado en el proyecto, han trabajado y realizado un montón de propuestas, y de repente la Administración rompe el contacto, incumple responsabilidades y, para más inri, vuelve la amenaza de derribo: las 18 notificaciones mencionadas y una acción de disciplina urbanística el 18 de noviembre, derribando 4 viviendas vacías e intentado echar abajo otra que no lo está (las personas que viven en ella necesitan cuidados que les obligan a ausentarse por temporadas).

Por todo ello, la situación actual en la Cañada es de alarma, preocupación y desamparo. Lo visto hasta la fecha da motivos para poder llegar a pensar que todo el acuerdo marco era en realidad un pasatiempo para mantener ocupados a vecinos y asociaciones, y que el objetivo ha sido siempre liquidar la Cañada Real. Lo triste es que lo único que parece impedirlo sea el enorme coste que supondría derribar tantas edificaciones y gestionar los escombros resultantes, mucho más que el futuro de las alrededor de 8.000 personas que allí viven, que en la mayoría de los casos no tienen dónde ir, y que hoy se enfrentan a un futuro de lo más incierto. Pero en la Cañada Real, que lleva resistiendo esta realidad desde los últimos 50 años, la esperanza e ilusión de que otro barrio es posible será lo último que se pierda.

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