MIGUEL GÓMEZ GARRIDO
Suena fuerte. Hay que imaginarlo, visualizarlo. Una por una, en fila. Más de dos familias de vecinos y vecinas que se quedan, todos los días, en la calle. PAH Vallekas denuncia que la lacra de los desahucios, lejos de desaparecer, sigue viva y coleando. Las administraciones no dan abasto. Las soluciones que antes se consideraban provisionales o infra dignas (como la acogida en albergues públicos) no están siquiera garantizadas. Una demanda sobresaturada que, lamentan, obliga a los afectados a valerse de parches: domicilios de familiares y amigos o pisos de permanencia temporal ofrecidos por las ONG.
Este es el caso de Sumbal. Una madre soltera, aterrizada recientemente en España, que vive con su hijo menor de edad. El padre del chico les abandonó y no pudieron hacer frente al alquiler de su casa. Las movilizaciones de la PAH y la Coordinadora de Vivienda consiguieron aplazar el primer lanzamiento el 5 de noviembre. No así el segundo, un mes y una semana después. La respuesta oficial pasaba por que durmieran en un polideportivo mientras se termina de construir una residencia social en Rivas. Una solución que, critica el colectivo en un comunicado, no es ni “suficiente, ni inmediata, ni tiene en cuenta las necesidades de la familia, al estar muy lejos del centro dónde está escolarizado su hijo”. El menor, informan, requiere de “apoyos educativos y sociosanitarios, que le son garantizados en su colegio, en el que está plenamente integrado”.
Sumbal y su hijo estaban alojados provisionalmente en el domicilio de una compañera del movimiento. Con el fin de que gozaran de un espacio propio y permanente, la PAH procedió a “recuperar” un piso vacío, procedente de un desahucio de CaixaBank, en la calle López Grass 22. La policía no tardó en actuar. El balance de la tarde de ese 12 de enero es el siguiente: una puerta hecha añicos, otra familia sin vivienda y siete detenidos, acusados de usurpación.
Este es solo uno de los ejemplos. Para inicios de febrero hay previstos otros dos desalojos. Además, a finales de marzo está previsto que se celebre el juicio que dirimirá el futuro de las inquilinas de Sierra Llarena 22. De momento, la jueza ha optado por desoír las peticiones de comparecencias de la plataforma y por decretar una fecha provisional de desahucio. Los residentes, decepcionados con los partidos y las instituciones y víctimas de una crisis de vivienda que ni cierra ni cicatriza, lucharán para que no se produzca.
