AMNISTÍA INTERNACIONAL VALLECAS.
La comunidad rohingya es una minoría étnica predominantemente musulmana formada por alrededor de 1,1 millones de personas que viven sobre todo en el estado de Rajine, situado en el oeste de Myanmar, fronterizo con Bangladesh. La mayoría de la población de Myanmar es de etnia rajine y de religión budista.
El estado ha discriminado y perseguido a la comunidad rohingya durante décadas, obligándoles a vivir prácticamente segregados del resto de la población. Aunque viven en Myanmar desde hace generaciones, el gobierno de ese país insiste en que son inmigrantes ilegales de Bangladesh, y se refiere a ellos como “personas extranjeras” o personas de “razas bengalíes”.
La discriminación contra la población rohingya se basa en que ésta carece de derechos legales en Myanmar y se articula alrededor de una serie de leyes y prácticas discriminatorias —especialmente la Ley de Nacionalidad de 1982— que niegan de hecho la nacionalidad a la población rohingya debido a su etnia. Tienen muy limitados los derechos a sanidad, educación, movimientos, reunión y práctica de religión en grupo. Las autoridades de Myanmar también han cerrado mezquitas. La discriminación contra la población rohingya está teniendo lugar en un contexto de creciente intolerancia religiosa durante los últimos años. La incitación al odio entre musulmanes y grupos extremistas budistas no ha sido ni cuestionada ni impedida por las autoridades de Myanmar. Los ataques contra comunidades musulmanes en diversos lugares de Myanmar ha causado durante los últimos años destrucciones de edificios, heridos y muertes. La población rohingya vive en un régimen de apartheid. Esta discriminación es un ataque sistemático contra la población civil y constituye un crímen de lesa humanidad.
Las tensiones entre los rohingyas y la mayoría de la población, de etnia rajine, comenzaron en 2012. En octubre de 2016, tras unos ataques mortales cometidos por rohingyas armados contra retenes de la policía, el ejército de Myanmar inicia una represión militar contra toda la comunidad. Amnistía Internacional documenta entonces una amplia gama de violaciones de los derechos humanos contra la población rohingya, tales como homicidios ilegítimos, detenciones arbitrarias, violaciones y agresiones sexuales a mujeres y niñas y el incendio de más de 1.200 edificios, incluidas escuelas y mezquitas, que consideró que podían constituir crímenes de lesa humanidad. En 2017 se inició una campaña de limpieza étnica con matanzas de cientos de mujeres, hombres y niños, violaciones sexuales, incendios de pueblos enteros rohingyas, torturas, desapariciones forzosas y colocación de minas antipersonas en la frontera con Bangladesh.
Como consecuencia de todos estos ataques, existe un éxodo masivo de la población rohingya hacia Bangladesh, estimándose que en la actualidad hay unos 867.000 refugiados. Según datos de la UNICEF, a día 21 de enero de 2018, entre los refugiados, hay 120.000 mujeres embarazadas o lactantes y 399.000 niños menores de cinco años.
Tras décadas de gobierno de una junta militar opresiva, el acceso al poder de la Premio Nobel de la Paz Aung San Suu Kyi, hizo esperar un cambio en la situación. Sin embargo, la promesa de una nueva etapa en la historia de Myanmar no se ha hecho realidad, ya que el ejército sigue aferrado a sus brutales tácticas de siempre, y quienes ejercen el liderazgo civil no parecen reaccionar con la firmeza necesaria.
Amnistía Internacional pide a las autoridades de Myanmar el cese inmediato de la campaña de violencia y violación de los derechos humanos, garantizar que las personas refugiadas y desplazadas pueden regresar a sus hogares voluntariamente y de manera segura y digna, iniciar con la máxima celeridad una investigación imparcial, independiente y eficaz, liberar de inmediato a las personas que han sido secuestradas o detenidas, detener inmediatamente el uso de minas antipersona y revisar todo el marco legislativo y en particular de la ley de 1982.
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