Por Plataforma Cívica de Apoyo a la Lucha por la Luz de Cañada Real Galiana
No sólo las Naciones Unidas, el Consejo de Europa, el Defensor del Pueblo y las principales organizaciones defensoras de derechos humanos han dicho reiteradamente y de la forma más contundente posible que el Gobierno central, la Comunidad de Madrid y los Ayuntamientos de Madrid y Rivas Vaciamadrid están violando gravemente los derechos humanos de la población del barrio madrileño de la Cañada Real por mantenerles sin suministro eléctrico desde hace más de cuatro años, sino que el propio Gobierno reconoció explícitamente, y nada menos que en el Boletín Oficial del Estado (BOE núm. 287, de 1 de diciembre de 2021), que la situación provocada por esa falta de electricidad suponía una vulneración de derechos e impedía a los más de 1.800 niños y niñas afectados por el mismo el “disfrute de una vida en condiciones de dignidad”. La solución, pues, para cualquier persona con raciocinio, sensibilidad o mínimo respeto por los derechos humanos es obvia: garantizar el suministro eléctrico y deja de violar los derechos humanos y dañar irreparablemente la vida de las personas en situación de vulnerabilidad. Sin embargo, la solución de nuestras administraciones públicas no ha sido ésa, sino hacer un plan de realojos que, como bien se demuestra en el ‘Informe sobre el Plan Extraordinario de Realojos en la Cañada Real y los Derechos Fundamentales de las Vecinas y los Vecinos’ (accesible en Internet), no deja de ser un plan de desalojos forzosos. Una solución que sólo se explica en el intento, por ahora con éxito, de que triunfen el autoritarismo y los intereses económicos por encima de los valores democráticos y los derechos humanos.
Lo malo es que ésa es la dinámica que está triunfando en nuestro mundo actual. En estos días nos hemos escandalizado, y con toda razón, por el plan anunciado por el presidente de Estados Unidos, Donald Trump, de hacer una limpieza étnica en Palestina, tomando control de la tierra palestina y expulsando a todos los palestinos para convertirla en una Riviera del Mediterráneo que puedan explotar las empresas americanas e israelíes. El plan criminal de Trump y Netanyahu es aprovecharse del colonialismo, el apartheid y el genocidio llevado a cabo para culminar con una limpieza étnica, un desalojo forzoso de los palestinos, que supondría otro triunfo del autoritarismo y de los intereses económicos por encima de los valores democráticos y los derechos humanos.
Llevamos cuatro años diciendo que nuestra sociedad democrática está en peligro si permitimos que se violen de forma tan flagrante y grave los derechos humanos de los habitantes de la Cañada Real. Ahora vemos que esa perniciosa forma de actuar se extiende de forma explícita en el contexto internacional.
Hacemos bien en indignarnos y luchar contra el plan criminal de Trump y Netanyahu, pero haríamos muy mal si no nos indignásemos y luchásemos igualmente contra la actuación criminal de nuestras autoridades públicas en el barrio madrileño de Cañada Real.
