RSP VALLEKAS.
El suceso ocurrido hace unas semanas en Reus reenfocó la atención en un asunto tanto tiempo silenciado. Una anciana octogenaria a la que le era imposible abonar el importe de su factura de la luz se vio abocada a sufrir un corte en el suministro de luz. En un ejercicio de empatía, podemos suponer que vivía sin poder conservar sus alimentos correctamente —en una nevera inútil—, sin poder calentar su hogar mínimamente en pleno mes de noviembre y sin poder iluminar su casa sin recurrir a velas. Fue precisamente el uso de velas, y un accidente con ellas, el que provocó el incendio y su trágico desenlace. Rosa falleció, los medios se compadecieron de su precaria situación, y a los pocos días el tema volvió a un segundo plano.
Pero el caso de Rosa no es un incidente aislado. No se trata de una persona que arriesgó irresponsablemente, o que vivió por encima de sus posibilidades, o que simplemente tuvo mala suerte. No: la situación de precariedad económica y de pobreza energética es una de las vergüenzas de nuestro tiempo. Y no, no afecta a unas pocas personas que no se han sabido gestionar económicamente. La pobreza energética afecta a más de cinco millones de personas en el Estado español. A una de cada diez personas en nuestro país le es imposible mantener una temperatura adecuada en su hogar, y un 7% tiene serios problemas para pagar las facturas de sus recibos de luz y gas.
Estas facturas, lejos de reducirse para facilitar las dificultades que muchas familias han tenido a raíz de la crisis, han aumentado considerablemente año tras año. Es gracias a ello que Borja Prado, director de de Endesa, incrementó su sueldo a 8.000 euros al día. Sin esta subida Ignacio Sánchez Galán, director de Iberdrola, no hubiera conseguido aumentar su sueldo a 42.000 euros al día. Ambas empresas sumaron unos beneficios en 2015 que rondan los 3.500 millones de euros, mientras se realizaban cortes de suministros de energía a medio millón de familias. Algunas estimaciones aseguran que la pobreza energética se podría solucionar con 40 millones de euros, con solo una centésima parte de sus ganancias.
La única solución que se ha aplicado desde el Gobierno central es la creación de un bono social, que supone un descuento insuficiente del 25% de la factura. Debido a la cantidad de requisitos a cumplir para obtenerlo, únicamente se han podido beneficiar de este plan menos de un 20% de las personas en situación de pobreza energética. Este irrisorio porcentaje, en contraste con las ganancias de las grandes compañías, hace dudar de la intención real de mejorar la situación de millones y millones de familias del Estado. Demuestra las prioridades de las políticas que se han venido implementando en los últimos años.
Desde la RSP de Vallekas trabajamos para dar respuesta a las necesidades de las vecinas y vecinos del barrio. Trabajamos para autoempoderarnos y avanzar hacia la soberanía alimentaria y energética como horizontes de acción, a la vez que exigimos el cumplimiento de los derechos económicos y sociales que el Estado está relegando garantizar. Estos derechos, entre los que se encuentra el derecho a suministros energéticos básicos, son postergados en virtud de los mandatos que la troika ordena. Contra la austeridad, los recortes y la invisibilización de la desigualdad creciente es necesario luchar por la justicia social y trabajar por un reparto más equitativo de la riqueza.
Foto: 15M Córdoba
