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Por Plataforma Cívica de Apoyo a la Lucha por la Luz de Cañada Real Galiana
El pasado 26 de febrero el Comité de Derechos Sociales del Consejo de Europa hizo pública su decisión sobre el fondo de la Reclamación número 206/2022, que impulsó la Plataforma por la Luz, y sus conclusiones no pueden ser más claras y determinantes: España viola hasta 10 derechos fundamentales de los vecinos y de las vecinas del barrio de la Cañada Real, porque las diferentes administraciones públicas implicadas (el Gobierno central, la Comunidad de Madrid y los Ayuntamientos de Madrid y Rivas Vaciamadrid) no han tomado las medidas adecuadas para garantizarlos y proteger a las personas de los efectos fuertemente nocivos producidos por el corte del suministro eléctrico que sufren desde el 2 de octubre de 2020.
Así, el comité, reconociendo el mayor riesgo de que las mujeres, que asumen mayoritariamente las responsabilidades de cuidado y las tareas domésticas, se vean afectadas por las consecuencias negativas de los cortes de electricidad, denuncia que se violan los derechos a la protección de la salud; a una vivienda de un nivel adecuado; a la participación de las organizaciones civiles que representan a las familias en la toma de decisiones y los procesos relacionados con los cortes de electricidad; a la educación de los niños, niñas y adolescentes, y a que puedan disponer de los cuidados y la asistencia que necesitan; y a la protección de las personas mayores, las personas con discapacidad y contra la pobreza y la exclusión social.
La denuncia del Consejo de Europa, de obligado cumplimiento, se ajusta perfectamente a lo que ya se venía denunciando desde el mismo octubre de 2020 por Naciones Unidas, el Defensor del Pueblo y algunas de las principales organizaciones nacionales e internacionales de defensa de los derechos humanos.
La ley del silencio
Y ante ello, las administraciones denunciadas siguen guardando silencio y aplicando como “solución” el Plan Extraordinario de Realojos 2024-2034. Un Plan que cita expresamente el Consejo de Europa en su decisión y que, en realidad, supone un plan de desalojos forzosos, como queda muy bien explicado en el ‘Informe sobre el Plan Extraordinario de Realojos en la Cañada Real y los Derechos Fundamentales de las Vecinas y los Vecinos’ de la Universidad Carlos III de Madrid. Un plan, eso sí, que favorece los intereses económicos de las grandes constructoras y empresas inmobiliarias que están impulsando los desarrollos urbanísticos de Los Berrocales, Valdecarros, Cañaveral, Los Ahijones y Los Cerros, junto con el Ensanche de Vallecas.
Las administraciones públicas están tomando, pues, un camino que convierte a España en un Estado delincuente. No podemos permitirlo. Es el camino del Estado Social de Derecho el que están obligados a seguir, el que les obliga a garantizar los derechos humanos de los habitantes del barrio de la Cañada Real, empezando con la restitución inmediata de la electricidad.
