Por Torresrubí
El 22 de julio entró en vigor la modificación del Real Decreto 390/2021, y el sector inmobiliario ya se está frotando los ojos. Durante años, el certificado de eficiencia energética ha sido un papel más en la burocracia de comprar o alquilar una vivienda. Pero bajo esa aparente rutina se escondía un mercado de certificados exprés, tarifas de saldo y técnicos que jamás pisaban la vivienda y calificaciones que, por pura casualidad, siempre daban el resultado que el cliente necesitaba. La reforma llega, precisamente, para poner freno a esa fiesta.
Nada de esto ocurre en el vacío. La reforma se adelanta a la futura transposición de la Directiva Europea de Eficiencia Energética de los Edificios, que marcará el rumbo normativo español hasta 2030. Lo que entra en vigor ahora es solo el aperitivo de exigencias mayores que están por llegar.
La gran novedad es la creación de un Registro Centralizado de Técnicos Competentes, donde deberán figurar todos los profesionales habilitados para emitir certificados. La reforma también amplía las titulaciones, dando entrada a los profesionales de la Ley de Ordenación de la Edificación, entre los que el arquitecto técnico destaca por su formación específica. Además, el certificado G, el de las viviendas menos eficientes, pierde vigencia más rápido: pasa de 10 a cinco años, obligando a renovarlo con el doble de frecuencia.
El certificado ya no es solo un requisito para vender o alquilar: es la puerta de entrada a ayudas a la rehabilitación y deducciones fiscales. Si el documento no es fiable, todo el sistema de subvenciones se tambalea. Torresrubí puede ayudarte a navegar en este nuevo escenario, entendiendo qué ayudas aplican a tu caso y cómo un certificado en regla puede abrirte puertas que antes ni sabías que existían.
