Por Plataforma Cívica de Apoyo a la Lucha por la Luz de Cañada Real Galiana
El pasado 28 de abril, hacia las 12:30 horas, España sufrió un apagón que duró en algunas partes hasta la madrugada del 29 de abril. Fueron momentos muy difíciles y de gran confusión. En algunos sitios la gente esperó con calma a que volviera la electricidad, y la pudieron mantener porque, afortunadamente, sólo duró unas horas, pero en otros sitios hasta esas pocas horas se vivieron con angustia, e incluso hubo que lamentar la muerte de siete personas como consecuencia del apagón.
Hasta ahora no se sabía quién, cómo y por qué se había producido el apagón, pero ahora se tienen pruebas que demuestran, sin lugar a dudas, que el apagón fue causado por unos inhibidores eléctricos que el Gobierno español mandó colocar en torres de alta tensión. Y que, con ello, se han abierto negocios que enriquecerán a algunos miembros del Gobierno y a poderosas empresas inmobiliarias. Toda esa información está ya en la Audiencia Nacional, donde ha empezado un juicio por la vía preferente y sumaria, al suponer una grave violación de los derechos humanos. No hay duda de que la sentencia será condenatoria, pero caben dudas sobre su eficacia, porque, como ha dicho un miembro del Gobierno, en su momento recurrirán la sentencia y no será la primera vez que estas cuestiones finalmente terminan en nada.
Aunque el lector haya comprendido desde el principio que lo que se dice en el párrafo anterior es falso, es lógico que en algún momento haya tenido un sentimiento de indignación. ¿Podría haber algo más indigno que nuestras autoridades públicas, en connivencia con poderosas empresas, violaran, por intereses económicos, tan gravemente nuestros derechos, con resultados incluso mortales? ¿Podríamos estar más indefensos si, aunque los tribunales de justicia condenasen esa violación de derechos, finalmente eso no afectase para nada a los culpables, que podrían seguir violando derechos y enriqueciéndose impunemente?
Una cruda realidad
Bueno, pues el lector también podrá comprender que esa realidad sí que se lleva viviendo en el barrio de la Cañada Real desde hace más de cuatro años y medio. En la Cañada produjeron un corte del suministro eléctrico porque Naturgy, con la connivencia de los representantes políticos, colocaron dos reconectadores en la red eléctrica. Nuestras autoridades públicas son culpables de mantener a más de 4.500 personas (más de 1.800 niños y niñas) sin suministro eléctrico y, con ello, de violar grave y sistemáticamente sus derechos fundamentales.
De hecho, también ha habido muertes que lamentar a causa de ese apagón continuo. Y recientemente hasta el Consejo de Europa ha condenado a España por esa violación de derechos, pero nuestras autoridades no han hecho ningún caso, pensando que su actuación criminal quedará impune. De nosotros depende que esto no sea así. Si algo te indignó la ficción de antes, infinitamente más te tiene que indignar la realidad que sabes que ocurre en el barrio de la Cañada Real.
