Escribe: Roberto Blanco Tomás.
Enrique Riobó y Francisco Pérez son directores de Canal 33 y Tele K, televisiones locales que la Comunidad de Madrid pretende cerrar de facto, ordenando el cese de emisiones a la empresa que lanza su señal de TDT.
Pregunta: ¿Cómo valoráis la orden de cierre?
Enrique Riobó: Tanto Tele K como Canal 33 representan, desde hace muchos años, otra forma de hacer televisión, más social, más vecinal, más participativa. Ahora que el PP tiene el poder absoluto en todas las administraciones, quiere controlar y censurar toda la información posible, y le molestamos aunque seamos pequeños. Nuestro continuo crecimiento se lo están tomando como un desafío, y por eso nos quieren hacer desaparecer.
Francisco Pérez: Se tiene que tratar de un error administrativo, ya que, en las fechas por las que se sanciona a la Torre de Valencia, Tele K no emitía desde allí.
P.: ¿Qué estáis haciendo para intentar evitar el cierre?
E.R.: Estamos trabajando en varios frentes: político, social y judicial. Los 3 son importantes, pero yo destacaría el social. Sabemos que la mayoría de ciudadanos de Madrid no quiere perder dos televisiones distintas en un panorama muy cutre de la TDT que han diseñado tanto PP como PSOE. Por otra parte, hay que señalar que existe la Ley General Audiovisual, que contempla “las televisiones de proximidad existentes” y las ampara hasta que se reglamente su funcionamiento y concesiones. Es decir, tenemos una Ley que debería conocer y respetar la señora Aguirre.
F.P.: Hemos presentado unas alegaciones que esperamos que prosperen, porque Tele K es un medio legal, amparado por la Ley del Audiovisual. Igualmente, hemos relanzado conjuntamente con Canal 33 una emisión en directo reivindicando los medios comunitarios. Además, hemos celebrado una asamblea en la que se ha aprobado la realización de una manifestación contra la medida, siempre que no se acepten los argumentos de tipo legal presentados. Por último, toda la oposición se ha unido para presentar una PNL en la Asamblea de Madrid de apoyo a nuestros medios.
P.: ¿Qué supone, de forma concreta, esta orden para vuestros medios y audiencias?
E.R.: Para mi medio supone un daño muy grande: intentan hacer desaparecer a nuestros patrocinadores para que duden y no sigan, intentan asfixiarnos económicamente… Sin embargo, para nuestra audiencia es todo lo contrario: nunca hemos recibido tantos apoyos como estos días, y además crecemos en audiencia y miles y miles de ciudadanos quieren saber qué ocurre con la libertad y el pluralismo. Nosotros somos su última frontera antes de caer en la dictadura de la información.
F.P.: Supondría el cierre inmediato, porque en la actualidad carecemos de un emplazamiento alternativo que asegure nuestra cobertura.
P.: ¿Lo consideráis un hecho aislado o parte de una política de la CAM en relación con los medios de comunicación?
E.R.: Como ya decía, somos “la última frontera”. Vienen más recortes, en educación, en sanidad… Viene más desempleo. El PP quiere controlar toda la información. El desempleo en el periodismo les ayuda, por eso también sabemos que en nuestra lucha están todos los medios independientes. No son muchos cuantitavamente, pero sí cualitativamente. Y lo más importante: los ciudadanos saben que es un derecho fundamental recibir información plural y poder expresarse con libertad. No hay mayoría absoluta que pueda eliminar estos derechos fundamentales en una sociedad democrática sana.
F.P.: Los antecedentes de Esperanza Aguirre no son los mejores, pero los argumentos legales a nuestro favor son abrumadores. Esperamos una solución.
Tele K y Canal 33 podrán continuar sus emisiones (Actualización)
El Secretario General del Consejo de Gobierno, José Luis Martínez-Almeida, en respuesta a las alegaciones presentadas por Tele K y Canal 33 contra el requerimiento contra las instalaciones de la Torre de Valencia, por donde se difunde la señal de las emisoras comunitarias, ha concedido una prórroga extraordinaria hasta el 31 de agosto para “facilitar su traslado”.
De esta manera, las emisoras tienen un plazo de tres meses para su instalación en un centro con todas las garantías legales, que asegure su cobertura desde el punto de vista técnico.
