Por Adrián Robledo
La PAH Vallekas celebró su reunión semanal el pasado 7 de octubre en el parque Amós Acero. La plataforma comenzó recordando su incorporación al Proceso de Unión de Colectivos de Vivienda de Madrid, una estructura común integrada por ocho asambleas y sindicatos de vivienda de Madrid. A continuación, este colectivo explicó cómo actuar en el caso de recibir una demanda de la propiedad en el caso de viviendas de alquiler.
Diego Sanz, miembro de la PAH Vallekas, comentó que, para empezar, hay que acudir al Registro de la Propiedad, ubicado en el número 540 de la calle de Alcalá, y solicitar la nota simple y el certificado de localización. El primero indica quién es el propietario y el segundo muestra el número de inmuebles que posee. «Más de 10 viviendas se considera gran tenedor y menos de 10 se considera pequeño tenedor. Hay diferencias legales y organizativas», precisó.
Según la PAH Vallekas, la única forma de echar a un inquilino de la casa es mediante una demanda. Si la propiedad ha contactado para instar al abandono de la vivienda lo adecuado es empezar a organizarse y no quedarse parados, aunque todavía no haya una demanda. «Si nos llega una carta, hay que moverse y ver quién es el propietario, aunque no haya demanda», añadió Sanz.
Si los ingresos son inferiores a 1.800 euros, se puede solicitar la justicia gratuita. La PAH Vallekas defiende que la vía legal es una estrategia para detener los desahucios temporalmente, pero no es una solución definitiva. «El desahucio de una compañera se ha paralizado porque ha presentado varios recursos. En el mejor de los casos, le habrán aceptado el Real Decreto, que se prorroga anualmente hasta 2030, y luego, ¿qué ocurrirá?», advirtió.
La plataforma indicó a los miembros con un procedimiento de desahucio abierto que se acogieran al recurso del Real Decreto lo más rápido posible. «No podemos estar seguros de que este decreto vaya a durar más de un mes», señaló el activista vallecano.
La vigencia del Real Decreto, aprobado inicialmente por el Consejo de Ministros el 6 de octubre, suspenderá aquellos desahucios por impago de personas vulnerables en los que la Administración no pague la deuda del inquilino u ofrezca una alternativa digna en un plazo de dos meses. «Por ahí se van a colar un montón de desahucios, porque el término “digno” es jurídicamente raro», explicó.
Informe vulnerabilidad
La novedad del decreto es que ya no es necesario el informe de vulnerabilidad de la trabajadora social. La PAH Vallekas aclaró que la vulnerabilidad se demuestra con la nómina, el informe negativo de ingresos, el libro de familia y las sentencias de violencia machista. «Esto es un avance, porque las trabajadoras sociales tienen indicaciones de no dar el informe de vulnerabilidad, se lo dan al juzgado y nos tenemos que fiar», afirmó Sanz.
Así, los desahucios de personas vulnerables en los casos de finalización del contrato quedan suspendidos y su situación se revisará anualmente durante un máximo de tres años. «En un año puede ser que nuestro hijo cumpla 18 y, al no haber menores, vas a la calle», agregó.
Por otro lado, el representante de la PAH Vallekas informó de que las viviendas públicas y sociales quedan exentas de la aplicación del Real Decreto. «EMVS, AVS, Casa 47 y el tercer sector quedan fuera del decreto. El Gobierno permitirá el desahucio de 10.000 personas por impago del alquiler social», criticó Sanz.
Además, se refirió a que los inquilinos cuyos contratos finalicen hasta 2030 podrán solicitar la prórroga de los alquileres, mientras que aquellos que no hayan estado al corriente de pago en algún momento de los últimos ocho meses no podrán solicitarla. «Esto sirve para que no nos suban el alquiler», concluyó.
