Paremos el desahucio de 4.500 personas, 1.800 niños y niñas, en Cañada

Una de las protestas de los vecinos de Cañada Real. Foto: @14kilometros

Por Plataforma Cívica de Apoyo a la Lucha por la Luz de Cañada Real Galiana

Como es bien sabido, el pasado 7 de octubre falleció en el Hospital Gregorio Marañón Maricarmen Abascal, de 87 años, después de haber sufrido un horrendo y traumático desahucio, 14 días antes, de la casa en la que llevaba viviendo desde hacía 70 años.

Ese desahucio, y la posterior muerte, fue la gota que colmó el vaso de la indignación popular y desencadenó protestas masivas en toda España, con una acampada en la Puerta del Sol que ya ha pasado a la historia reivindicativa de nuestro país. También precipitó la disolución de las Cortes, con la convocatoria de elecciones generales tras no convalidarse los dos decretos-ley sobre la vivienda que el Gobierno había impulsado.

Los desahucios han venido produciendo situaciones incompatibles con un Estado social de Derecho desde hace décadas. Son innumerables las espantosas experiencias vitales que han originado, en las que siempre se han visto afectadas de la peor manera posible las personas de los grupos sociales en situaciones de especial vulnerabilidad, destacando aquellos casos de familias con escasos recursos económicos y niños y niñas a los que atender. La indignación ciudadana está más que justificada y en las actuales reivindicaciones por el derecho a una vivienda digna se tiene muy claro que este derecho a la vivienda se ha de garantizar a todas las personas, atendiendo especialmente a las personas en situación de vulnerabilidad.

Es en esa línea de indignación y reivindicaciones que se comprende mejor la lucha histórica que se está llevando a cabo en el barrio de la Cañada Real contra el intento de desalojo que se está ejecutando por parte de las administraciones públicas, coincidente, de nuevo, con los intereses de las grandes empresas inmobiliarias, en este caso, las que están impulsando los desarrollos urbanísticos del sureste de la Comunidad de Madrid. También aquí se castiga a personas en situaciones de especial vulnerabilidad, con niños y niñas, expulsándolas de las viviendas que habitan, en ocasiones, desde hace más de 70 años. Con el agravante, en este caso, de que «los caseros», la Comunidad de Madrid y los Ayuntamientos de Madrid y Rivas-Vaciamadrid, con la complicidad culpable del Gobierno central, han decidido desalojar a más de 4.500 personas, con 1.800 niños y niñas, haciendo que el entorno en el que viven sea torturante para ellas, privándoles de recursos tan necesarios para una vida digna como es el acceso a la electricidad.

Lucha por los derechos

Por todo ello, la defensa del derecho a la vivienda debe incluir a las familias de Cañada Real, porque la lucha por los derechos siempre ha de ser por todos y todas y para todos y todas. Como acertadamente se dice desde el movimiento feminista, en la lucha contra la violencia de género, «si tocan a una, nos tocan a todas» y «si tocan a una, respondemos todas». La lucha de Cañada Real también es una lucha por los derechos de toda la sociedad.

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