ROBERTO BLANCO TOMÁS
La escolarización de los niños de 0 a 3 años, no obligatoria pero considerada muy importante por los profesionales del sector dada la ingente cantidad de información que se adquiere a esas edades, se está convirtiendo en un lujo al alcance solo de las rentas más altas a raíz de la progresiva subida de cuotas que la Comunidad de Madrid viene aplicando desde 2008. Ello ha tenido como resultado que se haya pasado de las listas de espera por encima de 20.000 niños del curso 2010/11 a las actuales 4.500 plazas vacantes. Dicho fenómeno está afectando de forma especial en barrios como el nuestro, con elevada tasa de paro y abundante población con rentas bajas.
Todo ha cambiado mucho en relativamente poco tiempo. Y los mayores cambios se han dado en las cuotas, que antes estaban individualizadas: las rentas per cápita más bajas tenían “cuota cero”, y para el resto de niveles de ingresos se calculaba una cuota que suponía más o menos el 7-8% de la renta per cápita, resultando cuotas mucho menores que las actuales y más ajustadas al poder adquisitivo real de las familias. Ahora las cosas son distintas. En la actualidad, se utiliza el concepto de “escolaridad”, que tiene tres tramos: 80, 130 o 180 euros mensuales. Aparte, está el comedor, que es obligatorio (el alumno matriculado está en el centro de nueve a cuatro, por lo que forzosamente tiene que comer en el mismo) y cuesta 96€. Por ello, la cuota más barata supone 176€: 80 del tramo más bajo de escolaridad más los 96 de comedor. Pero esto es así en las edades de 1 y 2 años. En bebés, la cuota mínima son los mencionados 176€ más una cuota fija, que únicamente se cobra en los alumnos matriculados en este grupo (independientemente de cuándo cumplan el año), de 60€, lo que la dispara hasta los 236€ mensuales.
Llama especialmente la atención el “desajuste” de los tres tramos. Pensemos en una familia de tres personas que ingrese unos 22.000-25.000€ anuales. Dicha familia entraría en el tramo máximo, el de los 180€ mensuales de escolaridad, exactamente igual que una familia de las mismas características que tuviera el doble de ingresos. No parece demasiado justo, y cabe pensar que dicho estado de cosas favorecería claramente a las rentas más altas, que serían las que podrían servirse de estos recursos sin problemas.
¿Existen otras posibilidades o algún tipo de ayudas para las familias que “no llegan”? La respuesta es afirmativa, pero con muchos matices. Por un lado, tenemos las “reducciones del precio del comedor”, concedidas en función de los ingresos familiares. Para acceder a ellas, la familia tiene que tener una renta inferior a 3.500€ (en una familia de tres, unos 10.500€ de ingresos anuales), y supone únicamente 25€ de rebaja en el precio del comedor, lo que tampoco es una ayuda enorme.
En este capítulo de ayudas encontramos también, obviamente, a las familias que cobran la Renta Mínima de Inserción, que pagarían únicamente 24€ al mes de comedor, estando exentas de la cuota de escolaridad. También, las familias numerosas “generales” tienen una reducción del 50% en dicha cuota, mientras que las “especiales” tienen “cuota cero” en escolaridad, no así en comedor. Aparte de estos grupos, hace dos años las instrucciones de cuotas que reciben las escuelas indicaron que a través del Consejo Escolar y con un informe de los Servicios Sociales se podía acceder también a la exención de cuota de escolaridad, cobrándose a estas familias solo 24€ de comedor, como las perceptoras de la RMI. Dicha medida produjo una demanda enorme, especialmente en barrios como el nuestro. Desde el curso 2013-2014, esto ya no es así: hoy solo se puede acceder a un 50% de reducción de la cuota de escolaridad, existiendo muchas familias que ni siquiera pueden pagar tal cantidad o les cuesta mucho trabajo (la cuota resultante sería de 64 €).
Aparte, los profesionales del sector han detectado otro fenómeno nuevo: la desaparición de la llamada “clase media” de estas escuelas. Se trata de familias que han sufrido el zarpazo de la crisis, que nunca han tenido que acudir a los Servicios Sociales y que hacerlo les supondría un shock, por lo que no consiguen acceder a ninguna reducción de cuota y terminan quedándose a sus hijos en casa.
Así, hoy en día los usuarios-tipo de las escuelas infantiles públicas son generalmente familias con ambos progenitores trabajando y suficiente nivel de ingresos, o el otro extremo: familias con ingresos bajos, ambos cónyuges en paro, perceptores de algún tipo de ayuda y que llevan al niño a la escuela fundamentalmente para que haga al menos una comida decente al día. Podemos estimar que, en el barrio, el 50-60% de los niños escolarizados en las escuelas infantiles públicas tienen algún tipo de reducción de cuota. Si recordamos que la intención de la subida de las cuotas era la de una mayor recaudación para las arcas públicas y lo ponemos en contraste con esta estimación y con el hecho de que hay muchos menos alumnos, tal argumento no se sostiene.
Por si todo esto fuera poco, las escuelas públicas están encontrándose con una inesperada competencia de la privada: nos referimos a los cheques guardería de 120 a 160€ mensuales que la Comunidad da a las familias que escolaricen a sus hijos en escuelas infantiles privadas. El único requisito para obtenerlos es que estén trabajando los dos cónyuges, dándose el caso de que, echando cuentas, la pública puede resultar así más cara que la privada (especialmente en bebés). Y resulta especialmente “curioso” que estas ayudas se estén concediendo mientras existen plazas libres en la pública. Luego nos llaman malpensados si hablamos de planes diseñados para destruir los servicios públicos…
Llegan las empresas de servicios
Sin duda otro de los cambios más llamativos que se han dado en los últimos años dentro de la educación infantil pública ha sido la irrupción en la misma de las empresas de servicios, percibida en el sector como una amenaza seria para la calidad de la misma y para el futuro del propio servicio público.
Las escuelas infantiles públicas pueden ser de gestión directa o indirecta. En la indirecta, la escuela sale a concurso, adjudicándose la gestión al proyecto que mejor puntuación obtenga en función de una serie de baremos. Antes se solían presentar a estos concursos cooperativas de trabajo asociado formadas por profesores y educadores, por lo que todas las escuelas (directas e indirectas) tenían más o menos un funcionamiento parecido. Pero hará unos tres años que comenzaron a cambiar los baremos de dichos concursos, pasando a primar el aspecto económico sobre el educativo. Esto ha abierto la puerta de par en par a las empresas de servicios, que han reducido notablemente los costes de cara a alzarse con la victoria en los concursos. Su método, el habitual: sueldos más bajos, personal reducido al mínimo, etc. Incluso hoy en día tienen la posibilidad de fijar otros precios de comedor, ofreciéndolo a 80-85€ muchas de ellas, mientras que las de gestión directa están obligadas a cobrar 96€. Esto es visto como un ahorro para la CAM, pero se consigue a través de un servicio de menor calidad. Todo ello aparte de que las empresas de servicios suelen pertenecer a grupos que pueden centralizar aspectos como lavandería, catering, etc., para ahorrar costes.
En resumen, el signo de los tiempos: mayor competitividad, menor calidad, menos servicio público… La pregunta que subyace es: ¿qué nos parece dejar la enseñanza de nuestros hijos en manos de una empresa de servicios? La respuesta, amigos, está soplando en el viento…
