GRUPO MOTOR ILA ESCOLARIZACIÓN INCLUSIVA / REDACCIÓN.
El 1 de marzo, el pleno de la Asamblea de Madrid, en sesión ordinaria, aprobaba la toma en consideración la Proposición de Ley PROPL 17/17 RGEP 10978, de medidas prioritarias para la promoción de la escolarización inclusiva en el ámbito de la educación no universitaria en la Comunidad de Madrid. Esta Iniciativa Legislativa de los Ayuntamientos cuenta con el apoyo de 221 entidades y 42 ayuntamientos madrileños, incluida la capital, y tiene como objetivo garantizar el derecho a una educación inclusiva a todo el alumnado de la Comunidad de Madrid.
PSOE, Podemos y Ciudadanos han votado a favor de la toma en consideración de esta iniciativa, y el PP se ha abstenido, lo que significa que continuará la tramitación parlamentaria de esta proposición de ley abriéndose los plazos para la presentación de enmiendas —sin que sean admisibles enmiendas a la totalidad que postulen su devolución— y su envío a la comisión competente.
Concentración de apoyo
En apoyo a esta proposición de ley, los promotores de la ILA convocaron una concentración frente a la Asamblea de Madrid a partir de las 10:00 horas, cuando estaba previsto que diera comienzo el pleno. “En la Comunidad de Madrid se está vulnerando sistemáticamente el derecho a la educación inclusiva de muchos niños y niñas”, alega uno de los impulsores de la ILA, José Miguel Martín, para quien esta iniciativa legislativa es la herramienta que frena la alarmante segregación escolar que se vive en Madrid y “que garantiza el ejercicio del derecho a la educación inclusiva de calidad a la que tienen derecho todos los niños y niñas y sus familias”.
Según el análisis de los datos de escolarización realizado en diez de las ciudades más grandes de la región, incluida la capital, en la Comunidad de Madrid se repite un patrón de segregación entre los distintos tipos de colegios sostenidos con fondos públicos: los centros públicos no bilingües están acogiendo aproximadamente el doble de porcentaje de alumnado con necesidades educativas especiales que los públicos bilingües, y el triple que los centros concertados. A su vez, más del 20% del alumnado con diversidad funcional está segregado en centros especiales, por lo que se vulnera así su derecho a una educación inclusiva. La iniciativa presentada y admitida busca cambiar esta situación en nuestra Comunidad.
Imagen: GM ILA.
