Comité de Empresa de UPS Vallecas
El pasado 26 de diciembre, el juez José Ángel Folguera Crespo, titular del Juzgado de lo Social nº 30 de Madrid, dictaba sentencia declarando nula la fraudulenta operación orquestada entre la multinacional UPS y su testaferro nacional, Fermín Elizalde Urmeneta (Integración de Logística Complementaria) y reconociendo el derecho de los trabajadores de UPS Vallecas a reintegrarse en la plantilla de UPS, al tiempo que condena a ambas empresas a abonar una sanción económica por temeridad y mala fe en su conducta.
La sentencia señala el “fraude procesal cometido, contrario a la buena fe y a la lealtad y probidad procesales”, añadiendo que se ha producido “ocultamiento a los trabajadores”, “flagrante temeridad” y “mala fe en la conducta procesal”. Además señala que UPS e ILC intentaron engañar al juzgado cuando pretendieron sustituir el texto literal de compraventa requerido por el magistrado por un acta notarial de manifestaciones que ocultaba los aspectos más importantes del ilícito “acuerdo”.
A lo largo del juicio, tal y como recoge la sentencia, quedó demostrado que UPS vendió a ILC la nave de Vallecas (incluyendo mobiliario, vehículos y camiones) por el módico precio de un euro, al tiempo que le pagaba mediante un talón, a pesar de ser la vendedora, la nada despreciable cantidad de 10.525.000 de euros para que ILC se hiciera cargo del “trabajo sucio”: desmantelar el centro de Vallecas y deshacerse de todos sus trabajadores. Aunque ambas empresas intentaron ocultar este dato al juzgado, tanto D. Carrera como F. Elizalde acabaron teniendo que reconocer en sus declaraciones que se había producido esta compensación de más de diez millones de euros.
En la sentencia, el magistrado destaca que “la compraventa de plantilla laboral, tanto en conjunto como la de trabajadores individualmente considerados, es un negocio jurídico ilícito, cuya causa es contraria a las leyes y a la moral”.
Esta sentencia marca un hito tanto por el hecho de haberse dictado a tan solo cinco días de celebrarse el juicio como por toda la línea argumental con la que el magistrado Folguera Crespo viene a dar la razón a los trabajadores. Y muestra además una sensibilidad digna de elogio cuando señala que el fraude procesal cometido ha provocado una situación para los trabajadores “de todo punto innecesaria” por la demora del procedimiento, “teniendo en cuenta que muchos de los actores [trabajadores] están desde el pasado mes de agosto en suspensión de contrato y sin cobrar salario ni todavía haber visto satisfecha la prestación del desempleo derivada”.
A pesar de que la sentencia no es firme y que tanto UPS como ILC ya han anunciado recurso, los trabajadores continuaremos reclamando nuestra reincorporación a la plantilla de UPS, por lo que vamos a solicitar ejecución provisional de sentencia, al tiempo que se van a poner en marcha acciones judiciales penales y mercantiles contra ambas empresas.
Los trabajadores de UPS Vallecas llevamos cinco años de dura resistencia contra los planes de esta multinacional para deshacerse de todos nosotros. Conseguimos echar atrás tres ERE y 18 despidos objetivos y hoy vemos cómo nuevamente nos dan la razón. El magistrado no ha necesitado más de cuatro días para convertir en realidad lo que venimos demandando en las movilizaciones desde el primer día: “que es un fraude, es ilegal, la venta de UPS y el ERE temporal”.
