A.V. ALTO DEL ARENAL
La Consejería de Sanidad va a privatizar a partir del mes de septiembre la parte sanitaria del hospital Infanta Leonor, los centros públicos de especialidades Vicente Soldevilla y Federica Montseny y los centros de salud mental de Peña Gorbea (Puente de Vallecas) y Rafael Alberti (Villa de Vallecas).
Nueve meses después (según aparece en los pliegos de privatización), cerrarán dos de esos centros: el Centro público de Especialidades Federica Montseny y el Centro de Salud Mental Villa de Vallecas. El objetivo es que el jugoso negocio de la gestión sanitaria privada, pagada con nuestro dinero, pueda ser controlado directamente por los dueños de la empresa a quien se adjudique el hospital Infanta Leonor.
¿Cómo consiguen las empresas privadas hacer negocio con la sanidad pública? Así:
- Presionando al personal sanitario, sobre todo al médico, para que gaste lo menos posible (dé altas hospitalarias antes de tiempo, mande poco al especialista, no indique tratamientos o medios diagnósticos caros…). La “colaboración del personal” en el ahorro se logra con contratos precarios y haciendo que una parte sustancial del salario dependa de la disminución del gasto.
- Reduciendo al máximo el personal.
- Contratando personal con baja cualificación o con cualificación insuficiente —a quien lógicamente se paga menos—. En los hospitales de gestión privada hay consultas de especialidades atendidas por médicos que no tienen la especialidad correspondiente.
- Y, sobre todo, seleccionando pacientes, relegando a los menos rentables: personas mayores, enfermos crónicos, inválidos, etc.
El repago por las recetas sirve ya para “disuadir” a quienes tienen menos recursos, y pronto llegará el pago directo por acudir a consulta. En Portugal e Italia ya han implantado copagos de diez euros para médico general y veinticinco para el especialista.
En el caso de la salud mental, con los cierres de centros se pierde el Modelo Comunitario de Atención a la Salud Mental, basado en una atención de fácil accesibilidad y proximidad a la población, llevada a cabo por equipos multidisciplinares (que además de los aspectos médicos puedan también atender los psicológicos y sociales, así como asegurar la continuidad de los cuidados) con personal suficiente.
¿Vamos a consentir este crimen, que se suma al desastre cotidiano que viven miles de familias por culpa de una banda de capitalistas y políticos corruptos? La sanidad pública que tenemos ha costado al pueblo trabajador lucha, cárcel y muerte. Permitir este atropello sería una cobardía por la que nos demandarán las generaciones venideras. Nos proponemos organizarnos para ocupar los centros sanitarios, porque son nuestros, e impedir que los cierren. Si el pueblo se organiza y lucha, ¡no pasarán!
