La brutal política neoliberal avanzada que nos invade tiene decidido desmontar el conjunto de los servicios públicos construidos por el esfuerzo de la ciudadanía con el objetivo de garantizar los derechos fundamentales y sociales, para ofrecérselos al mercado y a los mercaderes amigos para que negocien y saquen beneficios.
En sanidad se llevan años con diversas medidas tomadas por los gobernantes de turno (Ley 15/97, Leyes Presupuestarias, RDL 16/2012), pero en estos dos últimos años el proceso se ha acelerado, muy especialmente en Madrid, con todo un plan privatizador y de cambio de modelo sanitario que se caracteriza por:
- Pérdida del derecho a la asistencia sanitaria de carácter universal en el sistema público, y por lo tanto la limitación de la accesibilidad y la exclusión sanitaria de ciudadanía residente en nuestro país. Conduce a la perdida de la equidad, al aumento de las desigualdades en salud y a insolidaridad.
- Pérdida de una atención integral según las necesidades de la población, dependiendo ahora de la capacidad de pago. Se crean diversas carteras de prestación de servicios a las que se podrá tener acceso con mayor contribución de cada persona que lo precise.
- Recortes brutales presupuestarios, con lo que suponen en disminución de recursos humanos y materiales, medios complementarios… que conducen a demoras y pérdida de calidad y seguridad en los servicios que se prestan.
- Privatización de los servicios sanitarios públicos construidos con los impuestos de toda la ciudadanía para ofrecerlos al negocio del mundo empresarial, que para sacarles beneficio recortarán calidad, medios y valores.
Esto se quiere justificar con una sarta de mentiras, engaños y ausencia total de trasparencia informativa. La crisis es una tapadera para conseguir sus objetivos. Todo ello está ya teniendo repercusiones importantes en la salud de la ciudadanía y en la calidad del sistema sanitario que conocíamos. Población excluida, aumento de las enfermedades y mortalidad, deterioro de los tratamientos, empobrecimiento poblacional, desconfianza y deslegitimación social del sistema, tensiones laborales…
Ahora bien, ante este brutal ataque y robo señalamos como esperanzador que la ciudadanía y los trabajadores y profesionales de la sanidad, unidos, se han concienciado, han salido a la calle, movilizado, organizado las Mareas Blancas, creado asambleas barriales, y han expresado su total rechazo a este proceso privatizador mediante la recogida de millón y medio de firmas en febrero-marzo y, recientemente —en mayo—, 950.000 han participado en la Consulta Ciudadana.
Nos quedan muchas cosas por hacer y defender. ¡Juntos podemos!
Juan Luis Ruiz-Giménez.
Médico de la Plataforma en Defensa de la Sanidad Pública del Sureste.
