Todas las familias podemos estar de acuerdo en que una educación de calidad para todos es uno de los pilares de una sociedad más justa y equilibrada. Sin embargo, el proyecto de nueva ley de educación (LOMCE) y el sinfín de pruebas “externas” que va implantando la Comunidad de Madrid atentan contra este principio para convertir la educación en una carrera de obstáculos. Los resultados de estas pruebas no se emplean para proporcionar medios a los centros que más lo necesitan. Al contrario: los recortes de ayudas, becas, profesorado… son incesantes.
Pruebas que no mejoran la calidad de la educación pero sí se utilizan para intentar que los centros compitan entre ellos a través de la elaboración de rankings, en lugar de que cada cual progrese todo lo posible. Además, su publicación, según la Ley Orgánica de Educación en vigor, es ilegal. En su artículo 144.3 se dice: “En ningún caso los resultados de estas evaluaciones podrán ser utilizados para el establecimiento de clasificaciones de los centros.”
Sin embargo, y pese a la advertencia del Defensor del Pueblo en 2010, la Consejería de Educación de Madrid no solo continua infringiendo la ley y publica estos datos, sino que además ha reforzado este comportamiento irregular al recogerlo por escrito en el artículo 12 de su resolución del 10 de abril que convocaba la prueba para 2º de Primaria del pasado 5 de junio. Es decir, se ha decidido hacer rankings para segregar y estigmatizar a unos centros en lugar de dotar de más medios a quien más lo necesita; y se ha decidido dificultar el acceso a la educación media y superior a las personas con menos recursos.
En mi opinión, la escuela pública es la única que garantiza la calidad para todos, sin discriminaciones económicas y sociales. Creo que todas las familias, al margen del centro educativo de nuestros hijos, deberíamos ser conscientes de lo que significa para una mayoría social la política educativa que estamos sufriendo.
Gabriel Pérez Pérez
