Por Plataforma Cívica de Apoyo a la Lucha por la Luz de Cañada Real Galiana
Como en otras ocasiones hemos denunciado a través de las páginas de este periódico, las autoridades públicas están aplicando sin miramientos y sin vergüenza su plan criminal de apropiarse como sea, con desalojos forzosos o con derribos de viviendas, de la tierra que habitan los vecinos y vecinas del barrio de la Cañada Real.
El lunes 13 de abril, el Ayuntamiento de Madrid dio un paso más en la ejecución de ese plan ordenando el derribo de otras cuatro viviendas. Como denunciaron la Asociación Tabadol y las vecinas, esos derribos se produjeron sin que se mostrasen las preceptivas órdenes de derribo y con un desprecio absoluto por las vidas de los vecinos colindantes, que se quedaron sin agua y rodeados de escombros. Pero la ilegalidad y la inhumanidad de la acción alcanzó cotas difíciles de soportar cuando se supo que en una de las viviendas vivía una pareja de jóvenes y en la otra una familia con niños. Una acción que, por inconcebible que sea, se encuadra en una línea de continuidad que siguen nuestras administraciones de desprecio por el Derecho y, sobre todo, por los derechos de los habitantes del barrio. Como también lo muestra el mantenimiento por el propio Ayuntamiento de Madrid de Julio César Santos como jefe del Servicio de Disciplina Urbanística, quien ya fue condenado, hace cuatro años, por la Sección Tercera de la Audiencia Provincial de Madrid, nada menos que a nueve años de inhabilitación, por «prevaricación administrativa», precisamente por el derribo ilegal de una vivienda habitada del barrio.
Así que cuatro años después nos encontramos con el mismo jefe del Servicio de Disciplina Urbanística y con la misma demolición ilegal de casas habitadas de la Cañada Real. Pero ahora es todavía más insoportable, porque esos derribos son la muestra evidente de que en estos cuatro años no solo no se han tomado las medidas adecuadas para garantizar los derechos de los habitantes del barrio, aunque en este tiempo el Ayuntamiento, como todas las administraciones públicas, ha recibido la condena del Consejo de Europa por la violación de los derechos de los habitantes de la Cañada Real, sino que siguen con la misma decisión criminal. Y, además, porque en esta ocasión entre las víctimas directas hay niños a quienes se les ha demolido su casa.
Ataque a la convivencia
Las peores acciones ilegales que se están cometiendo en el barrio de la Cañada Real son las que suponen un ataque directo al núcleo de nuestros valores de justicia y nuestro sistema de convivencia. Son las que cometen las administraciones públicas cuando violan los derechos humanos de la población en situación de mayor vulnerabilidad, ejecutan un plan de desalojos forzosos, derriban hogares sin ningún respeto por la legalidad vigente y dejan en la calle a niños y niñas. Solo cuando consigamos parar estos atropellos seremos una sociedad justa, solidaria, libre, igual y democrática.
