Por Plataforma Cívica de Apoyo a la Lucha por la Luz de Cañada Real Galiana
Un invierno duro, de un frío intenso y con abundantes lluvias, ha vuelto a caer sobre los habitantes del barrio de la Cañada Real, abandonados por las Administraciones públicas a su suerte. Es el quinto invierno consecutivo que más de 4.000 personas, 1.800 niños y niñas (no nos cansaremos nunca de repetirlo, porque siempre ha de ser igualmente escandaloso), han de soportarlo a oscuras, sin electricidad, en el entorno torturante al que les tienen sometidos. Y estas administraciones no lo hacen por dejación involuntaria, ni por desconocimiento, ni por incapacidad de actuación. Lo hacen siendo plenamente conscientes de que están cometiendo un crimen, pero que creen que les compensa. No sólo se les ha dicho, ya desde el mismo octubre de 2020, por parte de las principales organizaciones defensoras de derechos humanos, nacionales e internacionales, que esa dejación voluntaria de sus funciones es una grave violación de los derechos humanos de los habitantes de la Cañada Real, sino que también se lo ha comunicado el Comité Europeo de Derechos Sociales del Consejo de Europa, a través de una decisión unánime, que, como ha reconocido expresamente la propia Secretaría de Estado de Justicia, es de obligado cumplimiento.
Este odioso crimen es cometido a la luz pública. Los hechos los puede conocer quien tenga el mínimo interés en ello. Hay informes realizados por equipos de especialistas provenientes del mundo académico y de las organizaciones de la sociedad civil, y hay información dada por los medios de comunicación nacionales e internacionales en todos los formatos (libros, artículos, programas de radio o televisión). El último informe, por ahora, ha sido el ‘Informe sobre el Plan Estratégico de Realojos en Cañada Real y los derechos fundamentales de las vecinas y los vecinos’, realizado en el marco de las Clínicas del Máster de Formación Permanente en Derechos Fundamentales. Garantía y Protección de Derechos Humanos de la Universidad Carlos III de Madrid, presentado públicamente el pasado 23 de enero. En este documento se dan sólidas razones para entender por qué lo que se ha presentado como un plan de realojos por las Administraciones Públicas no deja de ser un plan de desalojos forzosos.
Nueva movilización
Y ante ello, los habitantes de la Cañada Real y toda persona defensora de los derechos humanos siguen exigiendo sin descanso lo básico: luz, contratos y mesa de seguimiento. Y en esta línea, la última acción, por ahora, fue que los propios habitantes del barrio volvieron a presentar ante la Consejería de Medio Ambiente de la Comunidad de Madrid, el mismo 23 de enero, las solicitudes para legalizar su suministro eléctrico mediante contratos, conforme a lo dispuesto por el Defensor del Pueblo y establece el Pacto Regional de Cañada Real.
Las Administraciones Públicas siguen en su disposición criminal. La sociedad no se lo podemos permitir.
