Almonte 16 reivindica sus derechos como beneficiarios de una vivienda pública

Por Isa Mendi / Vallecas VA /

Su proyecto de vida como beneficiarios de una vivienda pública empezó a resquebrajarse a finales de julio de 2013, con las vacaciones a la vuelta de la esquina. El Ayuntamiento de Madrid de Ana Botella (PP) vendía 1.860 viviendas construidas por la EMVS (Empresa Municipal de Vivienda y Suelo) en diferentes puntos de la capital, la mayoría con sus inquilinos dentro, al Fondo de Inversión Blackstone para que las gestionara su filial Fidere. Como única información, una carta en el buzón, nada oficial, advirtiendo del cambio de casero e incidiendo en que las rentas no variarían.

Un año después, varios residentes de las calles de Almonte 16 y del Bulevar de la Naturaleza 1-3 decidieron organizarse y surgió entonces la Asociación de Vecinos Almonte 16 con el claro objetivo de luchar por mantener unos derechos como arrendatarios de vivienda pública a la que accedieron tras cumplir unos requisitos de renta y circunstancias personales. Sus problemas empezaron a ser reales con el vencimiento de los primeros contratos de alquiler, en 2018, a los 10 años de empezar a vivir en sus casas. Se encontraron, entonces, con que los nuevos dueños les ponían sobre la mesa un nuevo contrato donde, además de implicar una importante subida del precio del alquiler (entre 150 y 200 euros mensuales el primer año; 200 euros a partir del segundo, más el abono del IBI y una subida en cobro anual en concepto de gastos de comunidad), les hacía renunciar a sus derechos como beneficiarios de una vivienda pública.

En la primera entrevista que conceden a un medio de comunicación, María Teresa y María del Carmen, presidenta y secretaria del colectivo ciudadano Almonte 16, explican que el 90% de sus vecinos se ha marchado ya de forma obligatoria, que una pequeña parte decidió firmar el nuevo acuerdo y que el resto, donde están incluidas, espera una alternativa para seguir teniendo un techo bajo el que cobijarse. “Decidimos luchar por nuestros derechos que nos quieren quitar, no contra Fidere. Siempre hemos querido conciliar con la empresa e incluso les prestamos ayuda frente a las okupaciones y no hemos abierto ningún procedimiento por la vía penal. No vamos tampoco contra Ana Botella, aunque lo que hizo estuvo fatal”, aclara María Teresa. “Están jugando con la ilusión de la gente, porque cuando entramos a vivir, tácitamente nos dijeron que podríamos tener una opción a comprar nuestras casas al finalizar los contratos, algo que tristemente ya no es así”, señala María del Carmen.

En primera persona

María Teresa cuenta su caso. El contrato le venció el año pasado y desde entonces ha decidido, como parte de sus vecinos, consignar (depositar en el juzgado el importe del alquiler mensual) para evitar un desahucio por impago. La justicia tendrá que decidir ahora sobre el procedimiento iniciado por Fidere contra estos residentes al considerar que no están pagando el alquiler que ellos querrían determinar. María del Carmen hará lo mismo el próximo año. “Esperamos un procedimiento largo, de dos o tres años, porque Fidere se niega a recoger el dinero que estamos consignando. Además, no se ha puesto en contacto con ninguno de los afectados. Vivimos con una constante inseguridad, pendientes de citaciones judiciales y de las noticias, porque si los jueces le dan la razón, nos toca irnos a la calle”, resume la presidenta.

Por otro lado, lamentan que ante esta situación sobrevenida se hayan sentido completamente solos. “Hemos pedido ayuda a todos los partidos políticos sin resultado. También a la EMVS del anterior Gobierno municipal, que lo único que nos dijo que es que nos apuntáramos a la lista de demandantes, cuando ya muchos de nosotros no cumplimos los requisitos, ni por edad ni por ingresos económicos. Todos nos cerraron sus puertas, así es que ahora es como si estuviéramos en el limbo, como si no tuviéramos derecho a una vivienda social que en su día nos adjudicaron”, argumenta María Teresa.

Septiembre

Reconocen, por último, que a pesar de todas las gestiones realizadas y todo el tiempo y el dinero invertido “no han conseguido nada”. A partir de este mes de septiembre, volverán a intensificar las conversaciones con Fidere para intentar llegar a un acuerdo que les permita seguir viviendo en sus casas. “Ojalá pudiéramos algún día poder incluso comprar nuestros pisos por su valor real, no el de mercado, porque si no, sería totalmente imposible”, concluye María del Carmen.

El único consuelo que, al menos de momento, les queda es la sentencia del Juzgado de instrucción número 28 de Madrid que prohíbe a Fidere, de forma cautelar, vender libremente sus viviendas. En concreto, los magistrados instan al fondo de inversión a abstenerse «de cualquier enajenación o gravamen o contrato de arrendamiento de esos bienes sin que de manera expresa y escrita se haga constar en los documentos en que se plasme una eventual transmisión, la constitución de un eventual gravamen o la celebración de cualquier contrato de arrendamiento».

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