[three_fourth last=»no»]
MÉDICOS DEL MUNDO / AMNISTÍA INTERNACIONAL / RED ACOGE / CESR
El Comité que supervisa la Carta Europea de Derechos Sociales ha publicado las conclusiones de la revisión periódica de los informes nacionales de los países miembros del Consejo de Europa respecto al nivel de cumplimiento de los Estados sobre el derecho a la salud y a la protección social, entre las que destaca que el RDL 16/2012 y el RD 1192/12 son contrarios al artículo 11 de la Carta Social Europea. Asimismo, le ha recordado al Gobierno español que “los Estados tienen obligaciones positivas respecto al acceso a la sanidad de las personas migrantes con independencia de su estatus administrativo.” El artículo 11 de la Carta Europea obliga a asegurar que el sistema de salud sea accesible a toda la población sin discriminación alguna.
El Gobierno de España viene ignorando de manera reiterada las directivas y recomendaciones de los organismos internacionales. Desde que se aprobó la reforma sanitaria han sido varios de ellos los que han subrayado que ésta contraviene los estándares internacionales en materia de derechos humanos y han solicitado a España su modificación. En mayo de 2012 lo hizo el Comité de Derechos Económicos, Sociales y Culturales de Naciones Unidas, quien, al referirse a la reforma sanitaria, pidió al Estado que asegure el acceso a los servicios de salud de todas las personas que residen en su territorio, cualquiera que sea su situación administrativa, en consonancia con el principio de universalidad de las prestaciones sanitarias. En enero de 2013, el Relator Especial de Naciones Unidas sobre formas contemporáneas de racismo, discriminación racial, xenofobia y otras formas conexas de intolerancia, recomendó la revisión de las medidas de reforma de la salud adoptadas en el contexto de la crisis económica para asegurar el acceso a la sanidad de los inmigrantes sin importar su estatus migratorio.
La crisis económica no debe servir como pretexto para restringir o denegar el acceso a la salud de manera tal que afecte a la esencia misma de ese derecho. El Comité reitera que los Gobiernos están obligados a adoptar todas las medidas necesarias para asegurar que los derechos de la Carta se garantizan con eficacia durante la crisis, periodo en el que las personas necesitan más de dicha protección.
[/three_fourth]
