ROBERTO BLANCO TOMÁS
Elsa es una vecina de Fontarrón que, junto a su marido Enrique, compró su vivienda “con ilusión y con la intención de crear una familia” y criar allí a sus dos hijos. “Nuestro piso fue una estafa —declara la pareja en un comunicado—, un suicidio hipotecario de 190.000€ por unos miserables 53 m2, siendo el coste actual de 958€ mensuales. Pero nuestra actual situación de paro y el trabajo precario que esporádicamente conseguimos no nos permiten pagar dicha cantidad. Ésta no es solamente nuestra situación, sino que es también la de miles de familias en el Estado español. Tuvimos que dejar de pagar hace cuatro meses: pasamos de ser clientes a ser morosos. Ellos, amparados por el sistema, comenzaron a acosarnos como ellos saben, forzando la situación”.
“Ellos” son la Unión de Créditos Inmobiliarios, cuyo máximo accionista es el Banco Santander. Elsa y Enrique denuncian además que “Nuestra hipoteca contiene cláusulas que ahora se conocen como abusivas: suelo, IRPH de las cajas… y el resto de herramientas que utilizan para engañar y robar a sus clientes”. Por todo ello, y para reclamar que les sea concedida la dación en pago de la vivienda, Elsa se encadenaba el pasado 27 de septiembre al pasamanos de la escalera de entrada de la sede de UCI, en el número 3 de la calle Retama. La acompañaron alrededor de 60 vecinos del barrio, que en las dos horas que duró la protesta no cesaron de corear frases como “¿Qué pasa? Que no tenemos casa”, “Desahucian al obrero, rescatan al banquero” o “Elsa y Enrique: no estáis solos”. A las seis de la tarde se procedió a la lectura del comunicado de Elsa y Enrique, concluyendo de momento la protesta al grito de “Hoy nos vamos, pero volveremos”. Elsa, tras desencadenarse, recibió emocionada el cariño de todos los presentes.
