UPS baja hasta un 62% el salario de sus trabajadores de Vallecas

Los trabajadores de Vallecas continúan sus movilizaciones.
Al hilo de la última reforma laboral, la multinacional norteamericana United Parcel Service (UPS) ha anunciado la bajada de salarios de entre un 20 y un 62% a 75 trabajadores de UPS Vallecas.
Los trabajadores de Vallecas continúan sus movilizaciones.
Los trabajadores de Vallecas continúan sus movilizaciones. / Foto: C.E. UPS Vallecas.

COMITÉ DE EMPRESA DE UPS VALLECAS

Siguiendo la hoja de ruta marcada por la multinacional norteamericana United Parcel Service (UPS), el “liquidador de empresas” Fermín Elizalde anunciaba el 11 de junio a los 75 trabajadores de UPS Vallecas la bajada de salarios de entre un 20 y un 62%, apoyándose en la última Reforma Laboral aprobada por el Gobierno. Esta modificación incluye la eliminación del convenio de empresa actualmente vigente y su sustitución por el Convenio Nacional de Mensajería, cuyas condiciones son infinitamente peores y que además decae el 8 de julio.

Han transcurrido varios meses desde que, el 26 de diciembre, el Juzgado de lo Social nº 30 de Madrid dictara la sentencia que declaraba nula la fraudulenta operación llevada a cabo entre la multinacional UPS y su testaferro nacional, Fermín Elizalde (administrador único del grupo ISN) y reconociendo el derecho de los trabajadores de UPS Vallecas a reintegrarse en la plantilla de UPS, al tiempo que condena a ambas empresas a abonar una sanción económica por temeridad y mala fe en su conducta.

El hecho de que esta sentencia esté recurrida por ambas empresas ante el Tribunal Superior de Justicia de Madrid y que el juzgado no haya aceptado la ejecución de sentencia ni las medidas cautelares solicitadas por los abogados de los trabajadores permite que tanto UPS como Fermín Elizalde sigan adelante con su política. Se da la paradoja de que una empresa que no es la empleadora legal esté aplicando EREs, bajadas de salarios y despidos a trabajadores que pertenecen a otra empresa distinta, en este caso UPS.

El largo proceso judicial al que se enfrentan los trabajadores les crea una situación de indefensión frente a las dos empresas, pudiendo, antes de que la sentencia sea firme, haber perdido sus puestos de trabajo, haber agotado sus prestaciones por desempleo a cargo de las exhaustas arcas públicas, y todo ello en virtud de la fraudulenta operación realizada por estas dos empresas.

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