PACO PÉREZ.
Desde hace más de dos décadas, cuando encontramos las respuestas nos cambian las preguntas. Ahora el Gobierno del PP, aprovechando el Plan Técnico Nacional de la TDT que obliga a los canales estatales a migrar a otras frecuencias, deja a las emisoras comunitarias sin el espacio en las ondas que legalmente les corresponde. Mientras que la Ley General de Comunicación Audiovisual aprobada en 2010 obliga a la Administración del Estado a garantizar frecuencias para los medios comunitarios y desarrollar reglamentariamente este servicio, el nuevo plan no prevé frecuencias para los mismos.
El argumento es que no disponemos de licencia, algo que se nos ha impedido obtener, ya que el Gobierno ha incumplido sistemáticamente el mandato legal de aprobar los reglamentos básicos antes del 31 de mayo de 2011. Nos dejan en un limbo legal como “medio comunitario sin ánimo de lucro existente”, pero con la amenaza latente de ser cerrados en cualquier momento y sufrir multas millonarias por ocupación del espectro radio-electrico, como ha sucedido recientemente a La Tele.cat de Barcelona. De tal manera que se nos quiere aplicar una “Ley Mordaza digital”.
Son ya 21 años, 33 en el caso de RTV Cardedeu, los que llevamos esperando para poder desarrollar de una manera totalmente normalizada el ejercicio de la libertad de expresión por medio de entidades sin ánimo de lucro, como un factor de pluralismo y diversificación de los puntos de vista, aspiración apoyada por amplia mayoría del Parlamento Europeo. Por lo que se ve, esto no es posible en España. Por este motivo, Tele K, RTV Cardedeu y la Red de Medios Comunitarios hemos decidido interponer un recurso contencioso administrativo contra este Real Decreto y solicitar su suspensión cautelar.
Toda posibilidad de diálogo ha resultado inútil. El secretario de Estado Víctor Calvo-Sotelo, tan solícito para atender a personajes como Francisco Nicolás Gómez, ha sido incapaz de recibir a los medios comunitarios cuando le hemos propuesto darle a conocer nuestras reivindicaciones.
Mientras tanto, nos vemos obligados a manifestarnos nuevamente como lo hicimos contra la adjudicación de licencias de Esperanza Aguirre en 2005. De lo contrario, la ciudadanía de Madrid, castigada ya por la manipulación y desmantelamiento de Telemadrid, se verá privada de un medio que ha sido el comienzo de muchas cosas. Hasta que se resuelva la rápida reparación de los incumplimientos legales del Gobierno del PP, exigimos una medida transitoria que nos permita seguir emitiendo, un derecho que nos corresponde legalmente y que nos hemos ganado en los 21 años de nuestro funcionamiento como medio de interés social y cultural.
