Ante la publicación, el 20 de diciembre, de información sobre la intervención de Dolores Navarro —delegada de Familia, Servicios Sociales y Participación Ciudadana— en el pleno del ayuntamiento de Madrid, en la que se hacía referencia a las actuaciones municipales en el poblado chabolista de El Gallinero, queremos manifestar que compartimos su preocupación por el respeto a los derechos humanos de sus vecinos, especialmente durante las intervenciones realizadas en el poblado por la gerencia de Urbanismo del propio Ayuntamiento y el dispositivo policial que las acompaña. Como última muestra, el pasado 4 de diciembre pudimos comprobar cómo, nuevamente, el dispositivo programado y dirigido por el Ayuntamiento impedía el ejercicio de derechos como los siguientes:
- El acceso a la asistencia letrada: en ningún momento se permitió la entrada de las abogadas al poblado durante los derribos, incluso en los casos en los que éstas estaban formalmente designadas en los expedientes de gerencia de Urbanismo de las viviendas afectadas por la intervención. Esta circunstancia propició, entre otras cuestiones, que una de las personas afectada por los derribos, analfabeta, firmara un documento claramente contrario a sus intereses y los de su familia, sin contar con el asesoramiento legal al que tiene derecho.
- El acceso a la asistencia sanitaria: el dispositivo policial impidió la entrada en el poblado del equipo médico que habitualmente atiende a esta población, que tenía programadas intervenciones importantes para esa mañana.
- El acceso a la asistencia de tipo social por parte de las personas que habitualmente intervienen con los vecinos: voluntarios, IRIS y Cruz Roja. Únicamente accedió al poblado durante la intervención el SAMUR social.
- El interés superior de los niños implicados, en concreto el derecho a permanecer con sus padres, especialmente en situaciones de especial vulnerabilidad para ellos, ya que se dio el caso de padres cuyos hijos pequeños quedaron al otro lado del cordón policial y a los que no se permitió entrar a buscarlos o permanecer con ellos mientras derribaban su vivienda.
- El derecho a la libre deambulación y a comunicarse con las personas que se encontraban al otro lado del cordón policial: no se permitió a los vecinos que estaban fuera del poblado o al otro lado del mencionado cordón acceder al poblado, ni a quienes estaban dentro acercarse para comunicarse con abogados, voluntarios o trabajadores sociales, o con sus propios familiares. Se argumentó para ello la necesidad de salvaguardar la seguridad, sin embargo la mera comunicación no tiene nada que ver con esa cuestión, y si la intervención resultaba insegura, debía serlo también para los niños y adultos que permanecían dentro del poblado.
- El derecho, reconocido en todos los documentos internacionales en los que se abordan las situaciones relacionadas con derribos y desalojos forzosos, a, entre otras cuestiones, ser informados del momento en que van a ser desalojados de su vivienda, a que esta situación no se produzca en los meses de frío y/o durante el curso escolar, y a que las órdenes municipales y judiciales sean entregadas a los afectados, cuestión que tampoco se respetó en este caso, en el que los responsables de gerencia de Urbanismo se negaron a mostrar esta documentación.
Respecto a esta cuestión es necesario recordar que la actuación del Ayuntamiento se fundamenta en el desalojo forzoso de una comunidad, lo que constituye una práctica prohibida por Naciones Unidas. El programa de actuaciones no respeta los requisitos de la Convención de Viena sobre prevención de desalojos forzosos, ya que no garantiza la seguridad jurídica en la tenencia, ni se fundamenta en un proceso de concertación social.
Es preciso recordar también que el Defensor del Pueblo, en marzo de este año, se pronunció sobre esta cuestión pidiéndole al Ayuntamiento la paralización de los derribos mientras no exista un plan ejecutable y dialogado para la población. Recomendación que, como demuestran estos hechos, no está siendo tenida en cuenta.
Manipulación interesada
Queremos señalar, también, que los datos facilitados por el Ayuntamiento sobre alternativas ofrecidas a las familias afectadas no se corresponden con la realidad y suponen una manipulación interesada de la misma:
- En este momento viven en El Gallinero 84 familias, de las que forman parte 148 adultos y 198 menores.
- La oferta de alternativas realizada por el Ayuntamiento hace más de un año ha sido aceptada únicamente por dos familias hasta el momento, cuestión que, sin embargo, no ha motivado la puesta en marcha de un proceso de diálogo con los afectados y otros agentes implicados sobre los motivos que llevan a rechazarlo y, menos aún, al replanteamiento del programa que pretende ser implementado sin ningún éxito por ahora.
- En cuanto al ofrecimiento del retorno voluntario a Rumanía, las familias que han abandonado el poblado en los últimos meses lo han hecho, mayoritariamente, para dirigirse a otros países distintos de su estado de origen, al margen del mencionado programa municipal. Aquellas a las que hace referencia la delegada volvieron a su país hace más de un año, antes de que el programa de intervención municipal para El Gallinero fuera presentado y puesto en marcha.
- En cualquier caso, queremos recordar que el retorno a Rumanía que el Ayuntamiento promociona se aleja de los procesos de inclusión social supuestamente deseados, ya que consolida la situación de exclusión social que determinó el proceso migratorio, y frustra los progresos realizados por los niños en materia de escolarización, además de ser una práctica condenada por el Parlamento Europeo.
En estas circunstancias, instamos al Ayuntamiento a empezar por respetar los derechos humanos de los habitantes de El Gallinero en sus intervenciones, a no manipular la información sobre la participación de las familias vecinas de El Gallinero en su programa, a revisarlo en diálogo con ellos, los principales afectados por el mismo, y, tal y como ha pedido la Defensora del Pueblo, paralizar los derribos mientras esta revisión se produce.
Voluntarios en El Gallinero
