La privatización, desde el CSM Puente de Vallecas

TRABAJADORES CSM P. DE VALLECAS

Varios centros sanitarios de Vallecas serán próximamente privatizados: el hospital Infanta Leonor, los Centros de Especialidades Federica Montseny y Vicente Soldevilla y los Centros de Salud Mental de Puente y Villa. En el proceso de licitación hay una sola empresa que ha presentado una oferta por el hospital: Ribera Salud, la 1ª empresa en gestionar un hospital público en España: el hospital de Alzira en la Comunidad de Valencia, que tuvo que ser rescatado pocos años después con 25 millones de euros que salieron de las arcas públicas. Se abrió un nuevo concurso aumentando un 68% lo que se pagaría por la explotación del hospital y se volvió a adjudicar a la misma empresa. Esa misma empresa que en noviembre del año pasado ha tenido que vender su parte del hospital de Torrejón a Sanitas un año después de la inauguración y que ha tenido numerosos problemas en la gestión de otros cinco centros sanitarios en la Comunidad Valenciana.

Hay una absoluta falta de información respecto al futuro de los centros sanitarios y de los profesionales, pero en el mejor de los casos, y según lo que se deduce de las condiciones establecidas en los pliegos de “externalización”, en el CSM Puente de Vallecas se mantendría menos del 50% de la plantilla actual, ya reducida previamente por no renovación de contratos y no sustitución de jubilaciones.

Esta reducción supone la desaparición de la actual diversidad de profesionales, ya que la disminución afecta sobre todo a trabajadoras sociales, ATS y psicólogos, y en menor proporción a los psiquiatras. Lo que nos parece más preocupante es el desmantelamiento de los equipos multiprofesionales, que significará un detrimento de la calidad en la asistencia. Se dinamita un modelo de atención comunitaria que sacó a una gran parte de nuestros pacientes crónicos del internamiento en hospitales psiquiátricos para ofrecerles una rehabilitación psicosocial y la proximidad de equipos multidisciplinares al usuario y a su familia. Las actuales medidas privatizadoras significan la vuelta al antiguo modelo de las consultas de psiquiatría sin un equipo que atienda globalmente las necesidades de los pacientes. La atención tendrá que ser fundamentalmente farmacológica, ya que los tratamientos psicológicos y los programas de continuidad de cuidados, sin profesionales que puedan llevarlos a cabo, irán mermando hasta desaparecer. Los actuales administradores de la sanidad pública solo han hecho un brindis al sol para explicar el cambio de situación. La realidad, con los datos que conocemos, es que los pacientes y sus familias pueden ver seriamente afectada su salud mental y psicosocial por una desprotección comparativa y una cobertura insuficiente a todas luces.

Especialmente precaria es la situación del Programa de Atención a Niños y Adolescentes, que ya ha sufrido la pérdida más importante de profesionales en los últimos meses y que quedaría reducido a 1 o ningún profesional, por lo que su efectividad e incluso existencia queda en una gran inseguridad.