Por Plataforma Cívica de Apoyo a la Lucha por la Luz de Cañada Real Galiana
Ya sabemos que en el barrio en construcción de la Cañada Real hace años que se desencadena una terrible confrontación por saber quién se queda con el uso de la tierra.
Por una parte, los intereses económicos de las grandes empresas inmobiliarias se ven contrariados por tener que parar su expansión al chocar con la existencia de las viviendas de los habitantes del barrio. Por otra, las personas que viven en esas tierras desde hace décadas, algunas son ya la tercera generación que las habitan, quieren seguir en sus casas, con sus familias, y vecinos y vecinas.
Lo más indignante es que los representantes de los poderes estatal, autonómico y municipal decidieran, a principios de esta década, cambiar sus anteriores, tímidas, pero claras, medidas de apoyo por el barrio, con asfaltado, servicio de correos, autobús, cobro del IBI e incluso un plan de rehabilitación y desarrollo sostenible del barrio. Y se pasasen ahora con medidas nada tímidas e igualmente claras, a servir a los intereses económicos de las grandes empresas urbanísticas, con violaciones graves y sistemáticas de los derechos humanos básicos de los habitantes del barrio, con cortes de agua y del suministro eléctrico y con la creación de un entorno torturante, intentando que se crea que la única salida es abandonar el barrio aceptando los desalojos-realojos forzosos que les proponen.
Pero con lo que no contaban los poderes económicos y políticos implicados era con la fortaleza del Estado de Derecho, ni con la tenacidad de los habitantes del barrio de la Cañada Real.
La causa de la defensa de los derechos humanos de los habitantes de la Cañada Real la han hecho propia Naciones Unidas, el Consejo de Europa y el Defensor del Pueblo, entre otros. Y los habitantes no solo no se rinden, sino que muchos están más unidos que nunca en la defensa de sus derechos, sus hogares y sus vidas.
Últimas acciones reivindicativas
Ante ello, los poderes políticos parece que han decidido aumentar la presión criminal incrementando los derribos ilegales de viviendas, pero también aquí se enfrentan a la férrea oposición de las instituciones del Estado de Derecho y de las vecinas y vecinos. Así, los Juzgados 7 y 25 de Madrid han admitido a trámite, el pasado mes de junio, sendos recursos por violación de derechos fundamentales, contra la ejecución de los dos últimos derribos llevados a cabo, sin orden judicial, esta vez en el sector 4 por parte del Ayuntamiento de Rivas-Vaciamadrid. Y los habitantes del barrio dejaron clara su determinación en la manifestación del pasado 14 de junio, convocada por la Asociación Vecinal Barrio Unido del sector 4 de Cañada Real y a la que acudieron residentes de los otros sectores y de fuera del barrio, «contra los derribos y la destrucción de un barrio. ¡Respeto y dignidad para la Cañada Real!», de la que dio cuenta este periódico.
Que lo tengan claro: ¡la defensa de los derechos humanos prevalecerá! ¡Cañada se queda!
