Por Araceli Domínguez
En el corazón del Ensanche de Vallecas, en la calle de Mazaterón, se libra una batalla que simboliza la crisis de la vivienda en nuestro país. Más de 200 familias se enfrentan a un desalojo masivo después de que la Fundación La Caixa vendiera sus viviendas, hasta ahora de alquiler asequible, a un fondo de inversión. Los pisos, construidos en 2004 y entregados en 2007, fueron promovidos en el mencionado régimen de arrendamiento. Sin embargo, al expirar sus contratos han pasado al precio de mercado. Ha sido entonces cuando la entidad financiera, propietaria de los inmuebles, decidió vender el paquete de más de 200 casas al fondo ‘buitre’.
Según denuncian los vecinos, este fondo no les ha ofrecido el derecho de tanteo y retracto, negándoles el derecho preferente de compra, y ahora ha comenzado a no renovar los contratos de alquiler para vaciar los inmuebles. «Su objetivo es deshacerse del patrimonio social que tenían», apunta Alberto, uno de los vecinos afectados. «Nuestra angustia está en el regocijo y la alegría de los que han comprado el edificio al ver que se van a llenar los bolsillos, dejando a la gente en la calle y en la miseria», añade Javier, otro vecino.
Además, testimonios de otros inquilinos confirman que han sufrido cortes de luz en las zonas comunes y que el agua les ha llegado a salir marrón, dado el mal estado de las tuberías del edificio. Para ellos esto es como un campo de concentración.
Los nuevos dueños están sacando estos pisos al mercado libre con precios muy superiores para venderlos individualmente por unos 270.000 euros, un precio inasumible para los actuales inquilinos que cuentan con alquileres de apenas una habitación.
Entre los residentes de Mazaterón, se encuentran familias monomarentales, jóvenes con empleos precarios, personas con discapacidad y mayores sin alternativa habitacional.
También, algunos con situaciones muy delicadas: «Tenemos un vecino de aproximadamente 80 años, al cual recientemente le ha fallecido la mujer; y cuando le hemos ido a preguntar qué pensaba sobre esta situación nos ha dicho que él en el momento que se vaya se irá con «su Luisa» y que, si ha de irse con los pies por delante, que lo hará», dicen los residentes.
Para muchos, este alquiler, que oscilaba entre 400 y 600 euros, fue una «salvación» tras la crisis de 2008. Ahora se les dice que, cuando venzan sus contratos, se acabó. Han de irse a la calle o a asumir precios imposibles en el mercado libre.
Es por esto que las asociaciones vecinales PAU Ensanche de Vallecas, La Colmena de Santa Eugenia y La Unión de la UVA de Vallecas denuncian en un comunicado que consideran «inmoral especular con un bien de primerísima necesidad como la vivienda».
Estos colectivos cargan con dureza contra la Fundación La Caixa por abandonar a estas 200 familias en manos de un fondo especulativo, sabiendo que la mayoría no puede pagar los alquileres actuales de Madrid. Subrayan que «convertir en mercancía lo que debería ser un derecho es un fracaso de nuestra sociedad, pero sobre todo una decisión política».
Por otro lado, señalan que este caso no se habría producido si existiera una legislación más rígida, que proporcionara la protección permanente de las viviendas públicas. Además, critican con dureza a la Comunidad de Madrid por carecer de una ley regional de vivienda que desarrolle el artículo 47 de la Constitución, calificando esta ausencia de «anomalía democrática». «Defender Mazaterón hoy, es defender el derecho a la vivienda de todos mañana. Están haciendo alquileres turísticos a costa de que la gente se vaya a malvivir», añaden los colectivos ciudadanos.
Por otro lado, recuerdan que, en el Pleno de Villa de Vallecas del 19 de noviembre, PP y Vox se abstuvieron a la propuesta de los vecinos, presentada a través de Más Madrid.
Conversión en viviendas públicas
La propuesta vecinal es clara y directa, exigen al Gobierno de España, a la Comunidad y al Ayuntamiento de Madrid que actúen de forma coordinada para que sus empresas públicas de vivienda adquieran conjuntamente los más de 200 pisos y los integren de forma permanente en el parque público de alquiler asequible. Mientras se negocia una solución permanente, las asociaciones exigen que se mantengan los contratos actuales de manera indefinida, sin subidas abusivas ni amenazas de desalojo.
La batalla por Mazaterón no ha hecho más que empezar. Las familias llevaron también su situación al Pleno del Ayuntamiento de Madrid del 25 de noviembre, para buscar el respaldo institucional y visibilizar su lucha.
