Por Asociación Tabadol
La Cañada Real volvió a amanecer entre llamas. Un nuevo incendio prendió entre nuestras casas, alcanzando a más de seis viviendas. La respuesta de emergencias se hizo esperar: el primer camión de bomberos tardó 25 minutos en llegar y solo después, ante la magnitud de las llamas, se fueron incorporando más efectivos. Aunque afortunadamente no hubo heridos, varias personas tuvieron que ser evacuadas por inhalación de humo y sus viviendas quedaron completamente ennegrecidas. Las próximas noches, será nuestro local y la solidaridad de las vecinas lo que les dé techo y alimento, mientras tratamos de encontrar apoyo para reconstruir y limpiar las casas, recomponer los ánimos, apaciguar el miedo.
Sabemos que este incendio no es un caso aislado. Al igual que en todo el planeta, los veranos nos traen incendios cada vez más prolongados y devastadores. No obstante, en Cañada Real los incendios tienen un responsable más directo que el cambio climático: el abandono institucional, que no solo nos niega los servicios básicos de saneamiento y recogida de basuras que merecemos como barrio de Madrid, sino que realiza derribos y actuaciones sobre viviendas tras los cuales quedan parcelas con escombros, residuos y materiales que no son retirados. Estos espacios multiplican exponencialmente el riesgo de incendios, plagas e insalubridad y ponen en peligro la vida de las familias que continúan viviendo alrededor.
Por eso no queremos hablar únicamente de un incendio. Queremos hablar de responsabilidades. Y queremos hablar también de expulsión.
Dentro de unos días se cumplirán seis años desde que una parte de Cañada Real vive sin suministro eléctrico. Seis años. Seis inviernos y seis veranos en los que las familias hemos tenido que reorganizar nuestra vida cotidiana alrededor de una ausencia que afecta a cuestiones tan básicas como calentarnos, cocinar, conservar alimentos, estudiar o disponer de unas condiciones dignas dentro de nuestras viviendas. Una situación que golpea especialmente la vida cotidiana y los cuidados y que, por tanto, recae de manera particularmente intensa sobre las mujeres, las niñas y las personas que sostienen esos cuidados.
Denunciamos que el deterioro continuado de las condiciones de vida en Cañada Real puede funcionar como una forma de presión para que las familias terminen abandonando sus viviendas.
No podemos medir las consecuencias de esta situación únicamente contando viviendas quemadas, personas intoxicadas o metros de terreno afectados. Existe también un daño que no aparece en esas cifras. Es el miedo. Es vivir pendientes del humo. Es escuchar una explosión y pensar inmediatamente en las bombonas. Es mirar hacia tu vivienda preguntándote hasta dónde llegará el fuego. Es pasar la noche sin saber si podrás volver a dormir en tu casa. Es pensar cada verano que puede volver a ocurrir. Es saber que ya ha muerto una persona y comprobar que, aun así, seguimos denunciando los mismos riesgos. Vivir permanentemente en alerta también deteriora nuestra salud, nuestra tranquilidad y nuestra posibilidad de construir una vida digna. Y ese desgaste tampoco puede normalizarse.
Condiciones de vida insoportables
Expulsar no siempre significa llegar un día con una orden y sacar a una familia de su vivienda. También se expulsa cuando las condiciones de vida se vuelven insoportables.
Nosotras lo denunciamos como una forma de desplazamiento silencioso en un momento en que estamos logrando paralizar los desalojos por la vía judicial: un proceso de desgaste que termina colocando a las familias ante una falsa elección entre resistir en condiciones cada vez más difíciles o abandonar el lugar en el que han construido su vida durante generaciones.
Exigimos a la Comunidad de Madrid y al conjunto de administraciones competentes que asuman sus responsabilidades: prevención efectiva frente a los incendios; limpieza y mantenimiento de las parcelas y espacios afectados por derribos; retirada de residuos y escombros; revisión de los protocolos y recursos de emergencia; protección de las familias afectadas; respeto a las garantías frente a los derribos; y una solución que garantice unas condiciones de vida dignas y el acceso a los suministros básicos.
Porque la prevención también es responsabilidad pública.
La respuesta ante una emergencia también es responsabilidad pública.
Garantizar condiciones dignas de vida también es responsabilidad pública.
Y respetar los derechos de quienes vivimos aquí también lo es.
No aceptamos que se nos desgaste hasta que nos vayamos.
No aceptamos que abandonar nuestras casas sea la única salida que se nos ofrezca.
No aceptamos vivir permanentemente entre el miedo al próximo incendio y el miedo al próximo derribo.
Cañada se queda.
