Por Olivia Anders/ Redacción
Alejandra Jacinto (Madrid, 1989), jurista y politóloga de profesión, analiza con la complicidad de un café en la Plaza Vieja, la situación actual de la región y adelanta algunas de sus principales ideas de cara a los próximos comicios del 28-M para que se produzca el cambio que considera imprescindible en la Comunidad de Madrid.
Pregunta: ¿Qué proyectos tendrán cabida en su programa electoral para Puente y Villa de Vallecas?
Respuesta: El principal problema es el abandono institucional, que hay que revertirlo. Todo lo que tiene que ver con la falta de dotaciones está directamente relacionado con la situación de desigualdad. Hay que derribar el ‘scalextric’, pero se tienen que garantizar las dotaciones públicas que necesitan los barrios, tanto de Puente como de Villa de Vallecas. Hemos empezado a trabajar con la FRAVM para poner en marcha a partir del 28 de mayo, cuando haya un gobierno de coalición progresista en la Comunidad, una ley de barrios para garantizar las dotaciones mínimas, centros de salud, escuelas infantiles públicas, colegios …
P: Los 4.000 habitantes de la Cañada Real siguen sin luz, ¿no cree que es un fracaso de la clase política?
R: Sí, desde luego, es un fracaso de las administraciones públicas. Coincido con eso y es una vulneración sistemática de los derechos humanos como no se ha conocido en la Comunidad. El Consejo de Europa ha requerido que, de forma inmediata, se restablezca la luz. Garantizarlo es cumplir el pacto regional de 2017, que habla de que hasta que haya una solución definitiva, tienen que existir condiciones básicas de vida y de habitabilidad y eso pasa por garantizar el suministro eléctrico, el acceso al agua y a los bienes esenciales. ¿Por qué no se devuelve la luz? Es evidente que la Comunidad está utilizando el corte de suministro como forma de coacción a los vecinos para que abandonen la Cañada Real y puedan proliferar los desarrollos del sureste.
P: ¿Qué le dice el nombre de Valdemingómez?
R: Pasan los años y cada día llega más basura y más corrimientos de tierra. Ya no solo son los olores, sino el impacto en la salud de los vecinos. Es evidente que la incineradora hay que cerrarla. Para eso hay que tomarse en serio la cuestión medioambiental y la de la salud ambiental. Todo pasa porque haya un gobierno progresista que pase a una política activa de la mano del tejido asociativo. Y Vallecas es un ejemplo de luchas y de movilización social. No entiendo la política como una desconexión entre la institución y la calle o los movimientos sociales. Creo que tiene que estar interconectada y que es la única forma de avanzar.
P: Uno de los grandes problemas de Puente de Vallecas es la vivienda, ¿qué medidas contemplan?
R: Nuestra propuesta pasa por bajar los precios a través de la creación de una Inmobiliaria Pública Madrileña. Por un lado, para que los propietarios tengan la garantía del cobro y ayudas en el pago. Y, sobre todo, para que los inquilinos e inquilinas encuentren viviendas con alquileres asequibles y que no destinen más del 30% de sus ingresos al pago de esa renta. Y crear un impuesto al patrimonio inmobiliario de las personas jurídicas, la ‘tasa Blackstone’. En Puente de Vallecas empieza a ser un problema la proliferación de la vivienda turística, una de las amenazas principales al acceso a la vivienda. Y una última medida es prohibir la compra de vivienda a personas extranjeras no residentes en la Comunidad. Es decir, justo todo lo contrario de lo que plantea Ayuso. En Madrid lo que sobra, sobre todo, es la especulación inmobiliaria.
P: ¿Qué alternativas hay para terminar con los desahucios?
R: Hay que acabar con aquellos sin alternativa habitacional adecuada. La Ley de Vivienda que llevamos negociando con el PSOE desde hace tiempo tiene que servir para prohibir la ejecución de desahucios sin alternativa habitacional adecuada. Todas las organizaciones de la sociedad civil, de las que yo he formado parte y me considero parte, llevamos desde 2013 haciendo de todo para que en este país exista una legislación adecuada de protección en materia de vivienda y de los derechos humanos.
P: En la actualidad, la juventud no tiene demasiadas salidas laborales
R: Hay que impulsar programas de empleo y la Formación Profesional (FP). En la Comunidad, el año pasado se quedaron cerca de 30.000 alumnos fuera de las plazas de acceso a FP y sí los encuentras en la privada. Lo que tiene el gobierno del PP es un plan de negocios, no un proyecto de región, que opera de forma muy eficaz en sanidad, en vivienda, en residencias mayores, en materia educativa y en FP.
P: ¿Qué valoración hace del acuerdo alcanzado para acabar con la huelga sanitaria?
R: La sanidad madrileña está en la UCI y la señora Ayuso le niega asistencia y eso es un buen símil. Aunque ahora parece que los médicos han conseguido algunas mejoras, eso no resuelve el problema de fondo. La Comunidad tiene su plan, que pasa por desmantelar poco a poco la sanidad pública y abocar a que la gente si quiere sanidad en condiciones, se la tenga que pagar. El 40% de madrileños tiene un seguro médico privado de salud, pero cuando los problemas son graves, acaban acudiendo a la pública, porque las coberturas sanitarias son una estafa. En sanidad estamos destinando a Atención Primaria un 10% en comparación con otras comunidades autónomas y nuestra apuesta es aumentar ese porcentaje a un 25%.
P: ¿Cuáles serán sus principales argumentos para ilusionar a los votantes de izquierdas?
R: Ha llegado el momento de pasar de la resignación a la esperanza. Haciendo una confluencia real entre los partidos progresistas y los colectivos sociales, podemos cambiar el gobierno de la Comunidad para que sea el del cuidado y no el del maltrato, como el de Ayuso.
