Por Plataforma Cívica de Apoyo a la Lucha por la Luz de Cañada Real Galiana
Querido ciudadano y ciudadana, cuando estés leyendo este artículo ya sabrás quiénes han ganado las elecciones del pasado 28 de mayo, pero, independientemente de ello, permanecerá intacta nuestra responsabilidad como ciudadanos y ciudadanas de exigirles que se respeten nuestros derechos.
En el único debate televisado al que asistieron los y las principales candidatos y candidatas, la presidencia de la Comunidad de Madrid, Isabel Díaz Ayuso, afirmó: “la Cañada Real es un problema de delincuencia. Díganle [sic.] a los señores de la marihuana que cultivan y que tiran abajo la luz que dejen de hacerlo”, mientras se oía a Alejandra Jacinto recordarle que es un problema de derechos humanos.
Las manifestaciones de Ayuso no fueron un error momentáneo, sino que hay que entenderlas dentro de un patrón de conducta premeditado. Ya en el Pleno de la Asamblea de Madrid de 10 de diciembre de 2020, achacaba los cortes de luz a la proliferación “masiva” de marihuana y afirmaba: “una cosa es criminalizar la pobreza, algo que nosotros no hacemos, y otra cosa es democratizar la delincuencia, que es lo que hacen ustedes. […] Para tener los porches ahí aparcados, ¡bien!, pero para pagar las facturas, que es lo que está provocando esos cortes, ¡no! Así que no me hable usted del tema social, señoría, porque no tiene nada que ver con esto sino con la delincuencia que se está produciendo en la Cañada Real”.
El enorme daño de esas manifestaciones es doble. Por una parte, son mentiras que ocultan a la ciudadanía el problema real de la Cañada Real, que es la gravísima violación de derechos humanos y las indignas condiciones de vida en las que están obligando a vivir a más de 4.000 personas, más de 1.800 niños y niñas, al privarles del suministro eléctrico, como reiteradamente han hecho saber las principales instituciones defensoras de los derechos humanos a nivel nacional, europeo e internacional, como son el Defensor del Pueblo, el Consejo de Europa y Naciones Unidas.
Y por otra, son calumnias que hacen que en la ciudadanía menos informada crezcan los sentimientos de rechazo, marginalización, exclusión y discriminación hacia personas que están en una situación de extrema vulnerabilidad social.
Falta de mesura institucional
Ya en relación con las manifestaciones de Ayuso de 2020, el Defensor del Pueblo afirmaba, en su informe de 18 de diciembre de ese año, que “al margen de todo lo indicado, esta institución debe hacer constar igualmente su preocupación por la ligereza y falta de mesura con la que se ha despachado el problema en comparecencias de responsables públicos de esa Comunidad de Madrid. En determinadas intervenciones se ha pretendido hacer pasar el problema que se viene abordando exclusivamente como el resultado de un fenómeno generalizado de producción masiva de marihuana, actividad ilegal cuya responsabilidad se ha extendido de manera acrítica al conjunto de las personas que habitan en estos enclaves.
Tales argumentos resultan falaces y peligrosos, pues victimizan a la mayoría de las personas afectadas e incurren en aporofobia. Desde el Defensor del Pueblo no puede más que llamarse a la responsabilidad institucional de los responsables públicos para tratar los temas con un enfoque más veraz y respetuoso con la dignidad de todos”. Como sociedad democrática, conocedora de las devastadoras consecuencias que se derivan de fomentar, promover o incitar directa o indirectamente al odio, la hostilidad o la discriminación hacia ciertos grupos poblacionales, llevamos más de medio siglo luchando contra ese tipo de discursos, no podemos ceder en esto.
Es necesario denunciar con toda la fuerza lo que ningún dirigente político puede hacer, porque sólo siendo conscientes de ello, podremos ser eficaces en impedir que lo hagan, y nos va en ello demasiado para no combatirlo con toda la fuerza necesaria.
