Por Ignacio Marín (@ij_marin)
Durante estos días de crudo invierno, migrantes y solicitantes de asilo se siguen agolpando en el exterior del Samur Social, en la Carrera de San Jerónimo. Son personas -muchas familias con niños pequeños- que han llegado a nuestra ciudad huyendo de una situación desesperada, procedentes en ocasiones de países en guerra. Pero Madrid no está dando la respuesta que se le ha de presumir a la capital de un país desarrollado. Las distintas administraciones – Gobierno central, Comunidad y Ayuntamiento – se encuentran enfangados cruzándose acusaciones sobre a quiénes corresponden estas competencias. De los ejecutivos autonómico y municipal lo podíamos presuponer, ya que gobiernan con el apoyo de fuerzas que ya han dejado claro el desprecio por cualquiera que no venga de fuera en yate o vuelo chárter. Pero que el Gobierno central, que se presume progresista, no tome medidas es una decepción más para el ojiplático ciudadano. Mientras, niños, adultos y ancianos, sufren lluvia y temperaturas a menudo bajo cero a escasos metros de un centro atestado de turistas y compradores a los que el consistorio agasaja con una inversión récord en iluminación navideña, un aumento de nada menos del 27,7% este año. El señor alcalde debe considerar que, ya que pasan la noche al raso, las personas que se agolpan frente al Samur Social son afortunadas por disfrutar de las luces.
Esta dejación de responsabilidad ha obligado a ciudadanos y a colectivos a arrimar el hombro para tratar de paliar este despropósito. Muchos son los vecinos que bajan de sus casas mantas, prendas de abrigo, comida caliente o incluso pagan una habitación de motel a todas aquellas personas que esperaban un trato humano por parte de las instituciones.
La vallecana parroquia de San Carlos Borromeo tampoco ha permanecido impasible. Desde que comenzó esta crisis se ha volcado con los migrantes y solicitantes de asilo, trabajando a destajo, hasta verse completamente colapsada. Su párroco redunda en el doble rasero de este «Madrid verde», que se volcó con la organización de la fracasada Cumbre del Clima, pero que no puede asistir de una manera digna a las personas que duermen en la calle. Porque no olvidemos que la solicitud de asilo es un trámite que es independiente del trato digno que ha de recibir una persona sin recursos. No es cuestión administrativa o política, es humanitaria. Mientras, Javier Baeza y los que, de una manera discreta pero efectiva, llevan a cabo la fundamental labor de la Carlos Borromeo, forrando de colchones el suelo de la parroquia y pagando habitaciones si es necesario, administraciones de distinto signo se seguirán tirando los trastos a la cabeza, sacando pecho por acciones puntuales que, en absoluto, vienen a solucionar un problema que se está convirtiendo en recurrente.
La parroquia ubicada en Entrevías lleva 40 años involucrándose en los problemas que afectan al barrio en concreto y a la sociedad madrileña en general. Su preocupación por la problemática de las clases humildes y su involucración en las reivindicaciones sociales le valió la simpatía de movimientos de izquierda a la vez que enemistades en el seno de la Iglesia, lo que provocó a que el Arzobispado de Madrid la transformara en centro pastoral en 2007. Su último frente de batalla es la mejora de las condiciones de las personas migrantes, tanto las que se encuentran en una situación de desamparo como las que están recluidas en Centros de Internamiento de Extranjeros, los tristemente conocidos como CIEs.
No podemos dejar de alabar la labor llevada a cabo por la San Carlos Borromeo, pero hemos de recordar que la ha de complementar la responsabilidad de las administraciones públicas. Es su competencia garantizar unas condiciones dignas para los migrantes y las personas sin recursos, además de combatir las desigualdades que sufrimos en barrios como el nuestro. La dejación de responsabilidades como en el caso de la crisis del Samur Social no es casualidad, sino una calculada estrategia para ir dejando determinadas competencias en manos de movimientos sociales o directamente privatizarlas. Se trata de prácticas neoliberalizadoras que nos encaminan a la desprotección de determinados colectivos como ocurre en países como Estados Unidos o el Reino Unido. Está en nuestra mano alertar y combatir contra esta intención. Si no, corremos el riesgo de perder los derechos que tanto esfuerzo les costó conseguir a nuestros mayores.
