Por Luis Carlos Ríos
El juzgado número 47 de Madrid emitió una orden desalojo cautelar contra el Centro Social Okupado (CSO) Atalaya el pasado 10 de mayo. Cautelar quiere decir urgente, aunque el inmueble del número 2 de la calle de Puerto Milagro lleve ocupado desde 2014. Con el fin de correr la voz y recaudar apoyos, los responsables del CSO y los colectivos colaboradores convocaron una rueda de prensa frente al Centro Comercial Madrid Sur. Tuvo lugar una semana después, el 17 de mayo. A la cita asistieron portavoces de la parroquia San Carlos Borromeo, así como multitud de organizaciones feministas, vecinales y deportivas.
La defensa inicial consiste en solicitar una reformulación de la orden, y se le pide al mismo juez que la emite. Sobre este punto gira el argumento del abogado del Centro Social, Erlantz Ibarrondo, quien ya ha recurrido el carácter apremiante de la medida. El CSO Atalaya lleva 8 años funcionando y en la actualidad da cabida a más de 15 proyectos vecinales de carácter social.
Ibarrondo también se remite a la jurisprudencia. “Ya hay una sentencia absolutoria por usurpación de la persona entonces identificada como representante del centro, por lo que los hechos ya han sido juzgados”, señala. Hace alusión a la primera denuncia del IVIMA, cursada en 2015 y que resultó favorable al demandado. El delito leve que se le imputaba, de usurpación, ya había prescrito al transcurrir un año. Se da por sobreentendido que los actuales ocupantes llevan más de un año en el lugar, por lo que él no ve viable la imputación.
La reformulación de la orden, al tratarse del mismo juez, tiene pocas probabilidades de incluir grandes cambios. No obstante, es la medida previa imprescindible. Una vez agotado este recurso, se procede a la apelación. Al tratarse de un delito leve, Ibarrondo subraya que son trámites más rápidos y se dicta sentencia con presteza. Hasta esperar la respuesta del recurso de apelación pueden pasar unos ocho meses. Después de eso, la incertidumbre sobre el futuro del espacio es manifiesta.
La fuerza de las redes de apoyo
No hay tantas dudas sobre el porvenir de las redes de apoyo, colectivos y asociaciones que surgieron al calor de Atalaya. Uno de los participantes en la convocatoria afirmó: “La vida de atalaya no va a depender de nada jurídico”. Y es que la vida son los dos centenares de personas que estaban en la rueda de prensa para plantear y escuchar proyectos, de diversas edades y vocaciones.
La realidad de los CSO discurre entre recursos judiciales, intentos de desalojo, expulsiones sin la debida cumplimentación judicial, acoso policial… Como afirma jocosamente el abogado de Atalaya, “vivimos en el Reino de España” y los desenlaces en ocasiones no siguen una razón jurídica. Más si se tiene en cuenta la necesidad de centros sociales en un distrito como Puente de Vallecas. Los vecinos se organizan porque saben qué está en juego en el CSO Atalaya: la Despensa de Palomeras (un proyecto nacido de Somos Tribu), grupos de baile y de artesanía, una biblioteca, un punto morado, un taller de reciclaje y un gimnasio. Sus responsables consideran que, en lugar de plantear alternativas a todo lo construido, desde las instancias de poder se les da un manejo delincuencial.
Quizás el delito más grave los ocupantes del CSO Atalaya es, precisamente, prestar servicios tan demandados como estos, sin requerir ningún tipo de contribución económica obligatoria. En tiempos donde lo que regla es el lucro y la rentabilidad, ofrecer trabajo desinteresado es rebeldía. Ya hay quien piensa que en el actual edificio emplazarán una cafetería o un restaurante, en un nuevo intento de gentrificación. Los vallecanos y vallecanas del Atalaya no lo pondrán fácil.
