Por Redacción
Al grito de ‘Ayuso dimisión’, ‘La sanidad hay que rescatarla’ y ‘Sanidad pública’, diferentes colectivos en defensa de la Sanidad Pública y asociaciones vecinales se concentraron el 15 de julio frente a la Asamblea de Madrid para exigir la marcha de la presidenta regional y la reversión de privatizaciones en el sistema de salud madrileño. Mientras, en el interior de la cámara autonómica, se celebraba una sesión de la Comisión de Reconstrucción tras la COVID-19.
Posicionados en un semicírculo, previo reparto de hidrogel y con distancia de seguridad mostraron carteles con las 20 principales peticiones que le hacen al Ejecutivo autonómico para mejorar el estado.
«Denunciamos la mala gestión e incapacidad política demostradas con evidencias más que dolorosas con la COVID-19 haciendo estragos en pacientes, profesionales y usuarios», han enfatizado los convocantes, entre los que figuran AME, CCOO, CSIT, CGT, DMD, ADSPM, FRAVM, Marea Blanca, Plataforma Centros de Salud, SIETeSS, SUMMAT y UGT.
Como solución, aseguran que debería elevarse el presupuesto sanitario de la región, elevar los fondos destinados a la atención primaria (al menos un 25% del total destinado a sanidad), dotar a los servicios de salud pública de recursos suficientes y garantizar la coordinación con Atención Primaria.
Por otro lado, estas organizaciones apuntan también a la necesidad de crear un plan de centros sanitarios públicos que contemple la construcción, mantenimiento y rehabilitación de sus instalaciones, además de una gestión transparente.
Fondo de reservas de material sanitario
De igual modo, ante los efectos de la pandemia, ven imprescindible crear un fondo de reservas de material sanitario y «no depender de los mercados» y garantizar la atención sanitaria pública a mayores y dependientes de residencias. Igual de prioritaria consideran la paralización «inmediata» de los nuevos procesos de «privatización» en el sistema sanitario, mientras se elabora una estrategia para recuperar los que ya han sufrido este proceso.
Por último, han solicitado que se recuperen los consejos de participación ciudadana, la salud mental comunitaria y trazar un programa para controlar e inspeccionar el cumplimiento de contratos de hospitales concesionados y construidos.
