Cañada Real sufre la barbarie antijurídica de las instituciones

Las autoridades no han seguido el dictamen europeo de reestablecer el suministro eléctrico antes del 15 de diciembre

La concentración vecinal del pasado 15 de diciembre frente a la Asamblea de Madrid. Foto: Plataforma Luz

Por Plataforma Cívica de Apoyo a la Lucha por la Luz de Cañada Real Galiana

El artículo del pasado mes de diciembre lo titulamos “Victoria histórica: Europa también exige a España el restablecimiento inmediato de la luz en la Cañada Real”, porque el Comité Europeo de Derechos Sociales del Consejo de Europa se había manifestado con toda la contundencia posible exhortando a España a que tomase, antes del 15 de diciembre, las medidas que fuesen necesarias para garantizar que los habitantes de la Cañada Real tuviesen acceso inmediato a la electricidad y a la calefacción, y España estaba obligada jurídicamente a cumplir con las decisiones que el Comité tome en la interpretación de la Carta Social Europea, como es el caso.

Sin embargo, el 15 de diciembre pasó y las autoridades españolas no han hecho absolutamente nada para garantizar el acceso a la electricidad y a la calefacción, con lo que han actuado en contra de lo que el Derecho les obliga. Y al no hacer nada, están condenando, con crueldad y falta de civilidad, a los habitantes de la Cañada, especialmente a las personas que están en situación de especial vulnerabilidad, a un tercer invierno de frío y oscuridad, y a sufrir un daño grave e irreparable en sus vidas y en su integridad física y moral.

Lo que sí pasó ese 15 de diciembre es que, una vez más, los vecinos y las vecinas de la Cañada junto a los y las representantes de la plataforma se concentraron delante de la Asamblea de Madrid para exigir el restablecimiento de la luz y la calefacción, apoyando la Proposición no de Ley que, con ese objetivo, se tramitaba ese día en el hemiciclo madrileño. La lucha por los derechos, evidentemente, continuará hasta el final.

Pero, lamentablemente, la barbarie antijurídica de nuestras instituciones no acaba en no garantizar la debida luz y calefacción. Quizás motivados porque saben que las instituciones europeas ya se han puesto en funcionamiento para exigirles que restablezcan la luz (en esa línea, también la presidenta del Parlamento Europeo mostró, a una delegación de vecinas y representantes de la Plataforma en Bruselas, su interés en seguir la situación de la Cañada Real), en estas últimas semanas se han incrementado las acciones bárbaras y antijurídicas por nuestras instituciones. Se han derribado ya más de 20 casas y abandonado a su suerte a las familias que en ellas vivían, así como más de 400 camiones diariamente vienen vertiendo ilegalmente escombros, residuos contaminantes y basura. Los vertidos son utilizados para soterrar las casas que previamente se derriban, pero también se esparcen directamente en los caminos o junto a casas todavía no derribadas, poniéndose en grave riesgo la vida y la salud de sus habitantes.

El Comisionado de la Comunidad para la Cañada Real Galiana, Markel Gorbea, y la asociación de empresas de excavación Amaexco ya han sido denunciados por ello, pero la situación ha empeorado todavía más a causa de las últimas lluvias, que ha anegado las casas y caminos con los residuos previamente vertidos. Algo que no sólo no parece importar, sino que formaría parte de una programada expulsión de los actuales habitantes de la antigua vía pecuaria para poder dar cumplimiento al planificado desarrollo del sureste con los correspondientes nuevos planes urbanísticos.

Tercer invierno de horror y desesperanza

Hemos entrado ya en un tercer invierno de horror y desesperanza para los habitantes de la Cañada Real. A pesar de que todas las instancias jurídicas protectoras de los derechos humanos (nacionales, europeas e internacionales) lo quieren impedir, nuestras instituciones han decidido no sólo no ponerle fin, sino incluso aumentar dicho horror. De forma especialmente activa la Comunidad de Madrid y su Comisionado para la Cañada Real Galiana, así como los Ayuntamientos de Madrid y de Rivas-Vaciamadrid. Pero también el Gobierno central, al no garantizar el acceso a la luz como está obligado jurídicamente a hacer. En su discurso, incluso están intentando tapar esta atrocidad con la “cortina de humo” de futuros programas de realojo, los cuales reconocen que, en todo caso, tardarán entre 5 y 8 años.

Más que nunca es obvio que en la Cañada Real se está resolviendo una lucha trascendental para toda la ciudadanía española: barbarie o civilidad, derechos humanos o intereses espurios, Derecho y Justicia o imposición de un poder descarnado y antijurídico.

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