OPINIÓN.
Los intentos del Gobierno de hacernos creer que ha pasado lo peor de la crisis y que estamos en la senda de la recuperación se han hundido con los datos conocidos el mes de agosto. El crecimiento del 0,6%, que muchos expertos creen que es ingeniería contable, va a desaparecer barrido por la caída de las principales economías de la UE (Alemania, Francia e Italia) —que además son los principales compradores de nuestras exportaciones—, además de los retrocesos de EE.UU. y Japón.
Ni ellos mismos se creen los buenos augurios que pregonan, pero son el argumento fundamental para intentar que el pueblo trabajador continúe hipnotizado creyendo que “lo peor ha pasado ya”.
Las consecuencias de esos “brotes verdes”, que son aplaudidos por la gran burguesía que ve engordar cada día sus cuentas corrientes, no han llegado nunca, ni van a llegar a la casa de toda esa inmensa mayoría que somos proletarios porque no tenemos otra riqueza que nuestra fuerza de trabajo.
Podemos afirmar con seguridad que todo lo que dicen desde el poder es mentira. Los Gobiernos dicen que aplican políticas de austeridad, cuando están regalando a manos llenas dinero público a bancos y grandes empresas, mientras degradan condiciones laborales y privatizan a precio de saldo recursos públicos.
La realidad es que bajo mandato de la UE, gozosamente seguido por los diferentes Gobiernos, se roba a los pobres para dárselo a los ricos. Como esta verdad es muy dura, precisamente cuando los millones de personas que ven hundirse su futuro podrían empezar a pensar que su vida y la de los suyos vale tanto como la de cualquiera y que no van a permitir de ninguna manera que se la arrebaten, el objetivo principal es que no nos enteremos de lo que sucede o que nos creamos impotentes para impedirlo.
¿Qué nos espera?
Pero no hay que engañarse. Aún si las cosas fueran mejor y hubiera crecimiento económico, de ninguna manera aumentaría el gasto público. Las normas aprobadas recientemente —la Reforma Constitucional de 2011, el TSCG y la Ley 2/2012— obligan, bajo la amenaza de cuantiosas multas e incluso de la intervención de Gobiernos municipales y autonómicos, a destinar permanentemente “los dividendos obtenidos por el mayor crecimiento económico a la reducción del déficit público”.
En 2015, el Gobierno va a reducir el gasto público en un 3,2%, unos 32.000 millones de euros (equivalente a casi la mitad de todo el gasto sanitario público).
El Consejo de Política Fiscal y Financiera trabaja ya sobre 255 medidas propuestas por las CC.AA. para la reducción, sobre todo, del gasto en sanidad y educación. El objetivo es cumplir con los objetivos de déficit y deuda marcados por la UE.
Algunas de estas medidas son:
- Sanidad. Copago por consulta médica y urgencias, por prótesis, transporte sanitario, medicamentos hospitalarios, por hacer recetas, por “servicios de hostelería” en hospitales o por tratamientos hospitalarios de larga instancia. Aumentar el copago de medicamentos a pensionistas y activos. Excluir la financiación de prestaciones consideradas básicas para todo el Estado. Fin de las ayudas por consumo eléctrico en terapias domiciliarias (respiratorias, diálisis, etc.). Alquiler de instalaciones públicas a la privada y desgravación fiscal por seguros privados.
- Educación. Retrasar la edad de jubilación del profesorado. Incremento del número de alumnos por profesor en un 10%, cese del profesorado durante el verano, disminuir becas para comedor y libros, grados de tres años, tasas universitarias que paguen el 100% del gasto.
- Empleados públicos. Jornada laboral de 40 horas, 24 y 31 de diciembre laborables, eliminación de días libres, reducción de pagas extras y del salario anual equivalente a una paga extra.
¿Qué hacer?
La organización y la unidad es la única fuerza que el pueblo trabajador puede oponer a estas salvajes políticas que, sin duda, este Gobierno o los que vengan van a intentar aplicar. Echar a este Gobierno es necesario, pero no suficiente. Cualquier otro, del color que sea, se verá constreñido a llevarlas a cabo por una Unión Europea que representa férreamente los intereses de la gran banca alemana y española.
El fortalecimiento y la ampliación de la lucha popular necesita la creación de comités de barrio y de pueblo en los que estén presentes las organizaciones de jóvenes, la lucha contra los desahucios, contra la privatización de la sanidad y la educación, asociaciones de vecinos, etc. Y debe conjugarse la más amplia democracia con la eficacia y la capacidad de organizar y dirigir las movilizaciones.
Y, sobre todo, que sean independientes de los intereses electorales de cualquier partido.
Todas las luchas concretas son válidas. Y las pequeñas victorias que puedan obtenerse son muy importantes. Todo colectivo en lucha debe contar con el apoyo y la solidaridad del resto. Los ejemplos de Gamonal, Can Vies, la huelga de los barrenderos y tantas otras muestran el camino.
En el plano político hay un objetivo general capaz de unir a las luchas parciales en un combate común y sin el cual cualquier reivindicación carece de credibilidad: No al Pago de la Deuda. Las Marchas de la Dignidad han señalado el camino.
Ángeles Maestro
