Por Adrián Robledo
Mari Carmen, de 87 años de edad, reside en el vecino distrito de Retiro. Sus padres y ella llegaron a la vivienda en calidad de inquilinos en 1956, hace ya 70 años. Cuatro años después, el padre de Mari Carmen falleció. El contrato de arrendamiento había sido firmado por él, ya que la legislación vigente en aquel momento impedía a las mujeres suscribir contratos de alquiler.
Tras la muerte de su esposo, la madre de Mari Carmen se acogió a una primera subrogación. Cuando esta falleció, Mari Carmen recurrió a una segunda subrogación, que expiró transcurridos dos años.
El fondo Urbagestión Desarrollo e Inmuebles compró el piso en 2018 y fijó unas condiciones de alquiler que resultan inasumibles para Mari Carmen. La empresa propietaria exige una renta de alrededor de 2.650 euros mensuales, una cifra que supone un incremento del 275 % respecto al alquiler anterior y que supera ampliamente los 1.400 euros de pensión que percibe cada mes.
La fecha prevista para el desahucio era el 3 de junio a las 8 horas. Con el objetivo de evitar que la vecina se quedara en la calle, el Sindicato de Inquilinas e Inquilinos de Madrid, que la ha asesorado durante todo el proceso, convocó una marcha que partió de la Biblioteca Eugenio Trías, situada junto a una de las entradas del parque del Retiro en la avenida de Menéndez Pelayo, y continuó hasta el número 46 de la calle de Alcalde Sainz de Baranda, donde se encuentra la vivienda de Mari Carmen.
Unas horas antes de la movilización, el sindicato comunicó que había recibido la notificación del aplazamiento del desahucio durante 20 días. Miembros de la organización afirmaron que la medida constituía un intento de desmovilización, aunque aseguraron con rotundidad que no lograría su objetivo y que la convocatoria prevista para la tarde del 2 de junio se mantenía.
Al llegar frente a su portal, Mari Carmen realizó unas declaraciones en las que responsabilizó al Gobierno de permitir que los fondos buitre expulsen de sus hogares a personas que llevan décadas viviendo en ellos. «No entiendo qué se vanaglorien o estén contentos de poder echar a una persona a la calle por el mero hecho de ganar unos cientos de euros sin dar una patada a un bote», afirmó.
Aseguró también que se había dirigido al presidente del Gobierno, Pedro Sánchez, a la presidenta de la Comunidad de Madrid, Isabel Díaz Ayuso, y al alcalde de Madrid, José Luis Martínez-Almeida, sin obtener respuesta alguna. «Si siguen por este camino, lo van a pagar muy caro, sobre todo el presidente del Gobierno», concluyó.
Leyes rentistas
«Son estas leyes rentistas las que nos cuestan la vida y las que están matando a Mari Carmen», expuso Alicia del Río, portavoz del Sindicato de Inquilinas de Madrid. La representante de la organización continuó cargando contra las administraciones públicas y sostuvo que ninguna de ellas había actuado para evitar esta situación, mientras que la legislación vigente brinda protección a los especuladores.
«Cada vez que estamos a las puertas de un desahucio es un fracaso social, un fracaso colectivo», declaró el actor Juan Diego Botto durante su intervención. Añadió que esta situación se ha repetido decenas de miles de veces y denunció la violencia que sufren las personas desahuciadas. Asimismo, señaló que la crisis de la vivienda ya no afecta únicamente a los barrios periféricos, sino también a zonas céntricas de las ciudades.
Otro de los actores presentes durante la jornada fue Alberto San Juan, quien recitó un poema en el que denunciaba cómo el gran poder económico se había adueñado de los poderes legislativo, ejecutivo y judicial. «El capitalismo es estar en deuda con el banquero, es acostumbrarse a la injusticia o bien sentirse estafado» fue uno de los versos recitados por el artista.
