Por Plataforma Cívica de Apoyo a la Lucha por la Luz de Cañada Real Galiana
Desde la Plataforma Luz para el barrio de la Cañada Real, apoyamos la propuesta “Modelo de desarrollo sostenible de Colonia Cañada Real Galiana” de la Comunidad de Madrid. Una propuesta que se hace en aplicación de la Ley 2/2011, de la Cañada Real Galiana, con la participación de la Consejería de Asuntos Sociales de la Comunidad, la Delegación de Gobierno y los Ayuntamientos de Madrid, Coslada y Rivas Vaciamadrid, junto a los/las vecinos/as. Un plan nacido con “el propósito de mantener el mayor número de vecinos que actualmente viven en la Cañada Real” y que “teniendo como referencia el modelo del barrio de Rosa de Luxemburgo, ubicado entre Pozuelo y Moncloa-Aravaca […] plantea crear una nueva área residencial, conformada por viviendas unifamiliares adosadas con altura máxima de dos plantas alineadas a los viales ya existentes. Crear espacios libres arbolados y zonas verdes”; partiendo de que “se mantendrán las construcciones ya existentes siempre que cumplan con los parámetros y normativa municipal”. Las anteriores afirmaciones se hacen en el vídeo informativo de la propuesta que en 2013 lanzó la Comunidad de Madrid (https://www.youtube.com/watch?v=zIUtBtCvStQ).
Claro que en el 2013 no se había llegado a la última fase de avance y ejecución de los grandes proyectos urbanísticos del sudeste de Madrid, como son Los Berrocales, Los Ahijones o Valdecarros. Estas últimas fases comenzaron en los años 20, y “casualmente” el 2 de octubre de 2020 se produjo el corte de suministro eléctrico de los sectores 5 y 6, que tras 2.070 días (este pasado 2 de junio) no “han podido conseguir” restituir, ni siquiera está en la retórica de las autoridades trabajar para conseguirlo, incluso aunque el 26 de febrero de 2025 se hiciese pública la condena a España del Consejo de Europa por violación de los derechos humanos de los/las habitantes de Cañada.
En enero de 2013, tras la suspensión de un derribo de una vivienda de una familia en el sector 4 por parte del Tribunal Europeo de Derechos Humanos, la alcaldesa de Madrid decretó la paralización de todos los derribos de viviendas hasta que se alcanzase un acuerdo social con participación de los afectados. La propia Comunidad de Madrid reconoció que la solución pasaba por rehabilitar el barrio de la Cañada Real. Sabían que era un proyecto perfectamente realizable. Pero con las últimas fases de los desarrollos urbanísticos de la zona se dejó de hablar de ello y se pasó a una fase de hostigamiento de la población; cortes de los suministros básicos para la vida; desarrollo de un entorno torturante para los/las vecinos del barrio; derribos ilegales de viviendas, incluso habitadas por niños y niñas; y oferta los planes de desalojos forzosos, simulados como realojos, como única salida posible.
Esto es lo que hay y nadie, que no quiera, puede llevarse a engaño. Las violaciones de los derechos humanos es lo más grave que pueden realizar los poderes públicos. La solución se sabe que es factible para el barrio y sus habitantes desde hace más de 13 años. La sociedad no puede dejar que este crimen siga cometiéndose.
