Por Fernando Bódalo
El Estado impulsó en los años 50 los llamados Poblados Dirigidos en Madrid para erradicar el chabolismo provocado por la llegada masiva de población rural tras la posguerra. En Entrevías, donde en 1956 vivían más de 25.000 personas en condiciones precarias, se levantó como un proyecto singular en el que participaron arquitectos de prestigio como Francisco Javier Sáenz de Oíza.
Se construyeron bloques modestos, de cinco plantas y sin ascensor. No se proyectaron elevadores, posiblemente porque eran viviendas destinadas a población trabajadora y humilde. Se priorizó el bajo coste por encima de todo, sin pensar en que aquellos vecinos envejecerían. Lo que en los años 50 se consideró un ahorro, hoy es una barrera casi infranqueable.
Décadas después, muchos de aquellos edificios siguen sin ascensor. En barrios como Entrevías, donde la población está claramente envejecida y cuenta con recursos limitados, subir y bajar cuatro pisos se ha convertido en un obstáculo diario. Para algunas personas mayores, directamente supone quedar confinadas en casa.
Instalar un ascensor no es sencillo ni barato. El coste parte de los 80.000 euros, una cantidad que deben adelantar íntegramente los vecinos. En bloques pequeños, algunos de apenas ocho viviendas, la derrama por propietario se dispara. La única salida suele ser pedir créditos al banco o financiar la obra con la propia empresa instaladora, asumiendo intereses y endeudamiento.
Aunque existen subvenciones autonómicas y municipales, la realidad es que se conceden “a obra finalizada”. Es decir, la comunidad debe tener el dinero por adelantado, ejecutar la instalación y, solo después, esperar el reembolso. Para muchos vecinos mayores, con pensiones ajustadas, esto es sencillamente inasumible.
A ello se suma una gestión administrativa compleja: proyectos técnicos, solicitudes, plazos, requisitos y trámites digitales que no siempre resultan accesibles para comunidades envejecidas. Lejos de facilitar el proceso, los organismos oficiales imponen un recorrido burocrático que termina desanimando a quienes más lo necesitan.
Soluciones desiguales y falta de planificación
La ausencia de una estrategia pública clara también se refleja en el resultado final. Cada comunidad elige la empresa y el tipo de instalación que puede permitirse, lo que ha generado soluciones muy diversas y con escasa uniformidad estética. En algunos casos, por la estrechez de las parcelas, los ascensores invaden parcialmente la acera como única alternativa técnica posible.
El problema de accesibilidad en Entrevías no es nuevo, pero sí cada vez más urgente. La falta de previsión en los años 50 ha desembocado en una situación que hoy afecta directamente a la calidad de vida de cientos de vecinos.
Desde el barrio se alza una petición clara: que la administración deje de poner trabas, adelante la financiación, simplifique los trámites y asuma un papel más activo. Porque garantizar la accesibilidad no debería depender de la capacidad de endeudamiento de personas mayores con recursos limitados, sino de una política pública que esté a la altura de una realidad social evidente.
