Por Ignacio Marín (@ij_marin)
Este verano, los incendios forestales arrasaron la península como no se veía en décadas. Cuando el humo se disipó, descubrimos una realidad alarmante. Los bomberos forestales, que arriesgan su vida para proteger nuestro entorno y nuestros hogares, trabajan en condiciones de absoluta precariedad. Preocupa la ineficaz respuesta de la Comunidad de Madrid, que cuenta con una superficie forestal mucho más reducida que nuestras comunidades vecinas. Y preocupa saber que, cada vez que surge una crisis, este modelo neoliberal que sufrimos, basado en privatizaciones y en la desprotección de los servicios públicos, siempre demuestra ser deficiente e inhumano.
Los bomberos forestales madrileños, actualmente en huelga indefinida, han pasado todo el verano reclamando dignidad salarial, estabilidad laboral y un convenio actualizado. El actual, de 2008, lleva casi dos décadas sin ser modificado. Su reivindicación es simple: que su labor, peligrosa y esencial, sea reconocida con dignidad. Pero ni el Gobierno regional ni la empresa pública Tragsa -gestionada hipócritamente por el PSOE, aquellos que se denominan obreros y progresistas- han dado un paso firme para solucionar el conflicto.
Javier Villanueva, delegado del sindicato independiente FIRET, lo ha explicado sin rodeos: «Antes incluso de comenzar la huelga ya teníamos un 10% menos de personal. Sabemos que tenemos que trabajar el doble en cada incendio, pero es lo que toca».
No es para menos, las condiciones que ofrece Tragsa son lamentables: contratos temporales de apenas cuatro meses al año, sueldos que rondan los 1.200 euros y ausencia de reconocimiento de la peligrosidad o de la exposición a sustancias tóxicas. Esta precariedad no solo provoca la fuga de profesionales a otras comunidades donde se paga mejor, también compromete directamente la seguridad ciudadana y la protección del medio ambiente.
Frente a esta realidad, Ayuso ha respondido con desprecio. Ha llegado a calificar la huelga de «motivación política» y a insinuar que en Madrid no están tan mal como en otras comunidades. Una burla a quienes se juegan la vida en cada incendio. Porque, como recordó Villanueva, «llevamos ya casi 20 años con un convenio que no se mueve… claro que había motivos para esta huelga».
El problema no es aislado. Forma parte de una forma de gobernar que concibe los servicios esenciales, como sanidad, educación, transporte, vivienda y ahora también la extinción de incendios, como oportunidades de negocio. La Comunidad de Madrid externaliza, precariza y recorta, sin reparar en que de ello depende nuestro bienestar y, literalmente, nuestra supervivencia.
El caso de los bomberos forestales en Madrid es un síntoma de algo más profundo: el sistema neoliberal no funciona. No garantiza derechos, no protege vidas, no cuida del bien común. Frente a ello, urge apostar por lo público: por un modelo que refuerce los servicios esenciales, que invierta en la prevención y que reconozca la dignidad de quienes se dejan la piel por nosotros. La ciudadanía lo tiene claro. Según el último barómetro del CIS, un 80% de los españoles prefiere que los servicios de prevención y extinción de incendios sean públicos y no privatizados.
Defender lo público significa defender el campo, apostar por la vida rural, mantener vivos nuestros bosques y proteger el mayor recurso que tenemos como especie: la naturaleza. Sin ella, no hay futuro. Y sin bomberos forestales en condiciones dignas, no hay quien la defienda.
