Por CAES
Más de 200 familias de los sectores 4, 5 y 6 de la Cañada Real Galiana han vuelto a pedir por escrito ante la Comunidad de Madrid que se les facilite acceso al suministro eléctrico mediante contratos, poniéndose a su disposición para acondicionar la instalación, y además que se constituya una mesa de suministro eléctrico para trabajar en ello con participación vecinal.
Los vecinos acudieron el pasado 15 de febrero a la Oficina del Comisionado para Cañada Real, situada en el Ensanche de Vallecas, dónde no fueron recibidos ni tampoco pudieron registrar sus solicitudes. Durante las siguientes semanas, se han organizado para presentar los escritos en registros administrativos públicos que el pasado 16 de abril llegaron a más de 200 solicitudes registradas de los tres sectores que reivindican la legalización del suministro.
Esta petición se suma a las que desde hace más de tres años se suceden por parte de residentes y organizaciones sociales, civiles y políticas para que se cumpla el Pacto Regional de Cañada Real que establece que las autoridades restablecerán y garantizarán el suministro.
Pacto social
La Cañada Real dejó de ser vía pecuaria en 2011, al aprobarse la Ley 2/2011 que ordenó que las administraciones estableciesen un pacto de contenido social dando en todo momento participación a los residentes a través de sus asociaciones. El Pacto Regional de Cañada Real establecía el suministro de la luz y la permanencia del mayor número de viviendas, así como la prioridad de realojos dentro del propio territorio de Cañada Real.
El Defensor del Pueblo ha solicitado el restablecimiento y ofrecer contratos de luz a los residentes en tres resoluciones dirigidas a la Comunidad de Madrid y a los Ayuntamientos de Madrid y de Rivas-Vaciamadrid.
Por su parte, el Consejo de Europa, a través del Comité de Derechos Sociales, solicitó en octubre de 2022 a España que restableciese el suministro de forma inmediata, cosa que no ha sucedido hasta hoy por lo que se espera una posible decisión europea que declare la vulneración de la Carta Social Europea por someter a más de 4.000 personas a una situación inédita de falta de suministro a lo largo de más de tres inviernos.
