Por Plataforma Cívica de Apoyo a la Lucha por la Luz de Cañada Real Galiana
El Comité Europeo de Derechos Sociales del Consejo de Europa obligó a España el pasado 19 de octubre a restablecer de manera inmediata el suministro eléctrico, la luz y la calefacción en la Cañada Real, en una decisión histórica tomada de forma unánime.
En esa decisión el comité europeo informa de que admite a trámite la demanda que el 2 de marzo presentaron, gracias al impulso de la Plataforma Cívica de Apoyo a la Lucha por la Luz de Cañada Real Galiana y GENTIUM y CAES, Magistrados Europeos por la Democracia y las Libertades (MEDEL), Confederación Sindical de Comisiones Obreras (CCOO), Defensa de los Niños Internacional (DCI), Federación Europea de Organizaciones Nacionales que trabajan con las personas sin hogar (FEANTSA) y Movimiento Internacional ATD Cuarto Mundo. Pero además, este organismo, ante el gravísimo riesgo que reconoce que existe para la vida y la integridad física y moral de los habitantes de la Cañada Real por no tener un adecuado acceso a la electricidad, le exige a España que tome inmediatamente todas las medidas posibles que garanticen que todas las personas afectadas (y en especial las personas en situación de especial vulnerabilidad, como son los niños, las personas con discapacidad, las personas de origen extranjero, las personas mayores y los gitanos) tengan ese adecuado acceso a la electricidad.
La decisión del comité obliga jurídicamente a España, que habrá de dar cuenta antes del 15 de diciembre, de las actuaciones que haya realizado al respecto. Todas las administraciones públicas, la del Gobierno central, la de la Comunidad y las de los Ayuntamientos de Madrid y Rivas-Vaciamadrid están jurídicamente obligadas por la decisión del Comité Europeo. Es decir, todas actuarán en contra del Derecho al que están sometidas si no proceden a reestablecer de forma inmediata la luz y la calefacción en la Cañada Real.
Panorama desolador
Sin embargo, las últimas actuaciones de las administraciones públicas no pueden ser más desoladoras. El Gobierno central está teniendo un perfil demasiado bajo, no haciendo más que reuniones para “buscar” soluciones, cuando lo que hay que hacer es actuar con urgencia. Pero mucho peor es la respuesta de la Comunidad de Madrid y de los Ayuntamientos. El Comisionado de la Comunidad de Madrid para la Cañada Real, Markel Gorbea, se ha atrevido a decir en público que el suministro eléctrico, a través de cables, no va a volver nunca al sector 6 de la Cañada y que la decisión del Comité Europeo no les afecta en tanto como comunidad autónoma. Y pasando a la acción, incluso con flagrante incumplimiento de los debidos procedimientos administrativos, se está vertiendo diariamente tierras y escombros con productos tóxicos junto a viviendas del sector 6 e incluso se las está derribando. El 16 de noviembre se tiró abajo la casa de la parcela 103 del sector 4, dejando literalmente en la calle y teniendo que dormir en un coche, a una familia con cinco niños pequeños, de entre 14 años y 14 meses. A la Comunidad de Madrid y el Ayuntamiento de Rivas-Vaciamadrid les dio absolutamente igual el Derecho internacional y nacional, los derechos humanos, el hecho de que la familia estuviese registrada en el censo que hizo la Comunidad en el 2015, que estuviese empadronada en Rivas-Vaciamadrid desde 2012 o el más mínimo sentido de la decencia o la moral.
Se ha obtenido una victoria absolutamente histórica con la decisión del Comité Europeo de Derechos Sociales del Consejo de Europa a partir del trabajo de cooperación entre asociaciones de vecinos y organizaciones sociales de la sociedad civil, pero nuestras autoridades parecen empeñarse en incumplir todas las normas legales y morales con tal de hacerse con el terreno en el que desde hace más de 40 años viven las familias de la Cañada Real. Nuestro deber como vecinos de Vallecas y como ciudadanos es aumentar los apoyos a esta lucha para obligar a las autoridades a cumplir con las normas.
