Por Redacción
Los vecinos de los sectores 5 y 6 de la Cañada Real siguen sin luz más de cuatro meses y medio después del corte del suministro eléctrico el 2 de octubre de 2020. Tras llamar a las puertas de la justicia y de diferentes administraciones y organismos sin solución, su última acción ha sido el envío de una carta al Gobierno central, firmada por la Comisión Unitaria por la Luz, donde le reclaman el restablecimiento de la electricidad.
La misiva está dirigida al presidente del Gobierno, Pedro Sánchez, al secretario de Estado para la Agenda 2030 y al Alto Comisionado por la Pobreza Infantil. En el escrito aseguran que al Ejecutivo central le corresponde la «máxima responsabilidad» en materia de Derechos Humanos y «remover los obstáculos que impidan o dificulten su plenitud».
Al respecto, narran cómo 1.800 niños y 2.200 adultos sufren los cortes de luz y no entienden «la imposibilidad» de restablecer este servicio «prestado durante décadas» y cuya interrupción les hace imposible labores como calentar sus hogares, asearse en invierno, conservar alimentos o lavar su ropa. «La energía eléctrica es condición necesaria para el ejercicio de otros derechos y su interrupción es causa de enfermedad, deterioro físico y mental», insisten.
Por otro lado, entienden que esta situación es un «castigo inhumano» que agrava la precariedad de muchos de los habitantes de este enclave y que, además, potencia la criminalización «azuzada por determinados responsables políticos».
Pago del consumo
En este punto, les recuerdan que llevan cuatro meses reclamando poder «pagar el consumo como cualquier ciudadano» y argumentan que esta situación ha sido reprochada por AMPAs y profesores de centros educativos dónde estudian niños y jóvenes; médicos y sanitarios, trabajadores, entidades y colectivos sociales; el Defensor del Pueblo de España; el Comité de Derechos del Niño de Ginebra y varios Relatores de Derechos Humanos del sistema de Naciones Unidas.
«La responsabilidad directa de esta situación, que entra ya dentro del ensañamiento, comienza por la Comunidad de Madrid, propietaria del suelo y garante del cumplimiento del Pacto Regional, continúa por la compañía Naturgy, alcanza a los ayuntamientos de la zona (especialmente Madrid, sin iniciativa conocida y con su Comisionado suprimido), pero no se detiene ahí: llega también a un Gobierno que lleva demasiado tiempo mirando para otro lado y al que señalan las organizaciones de Derechos Humanos como clave para terminar con esta condena», lamentan los residentes, al tiempo que critican que esta cuestión haya acabado en un «reparto de culpas» y en «excusas» amparándose en las competencias.
