Nuevo informe, mismas conclusiones

‘Diagnóstico de los usos y necesidades energéticas de la población de la Cañada Real Galiana’ confirma la violación derechos por la falta de luz

La presentación del estudio en la Cañada Real. Foto: Asociación Tabadol

Por Plataforma Cívica de Apoyo a la Lucha por la Luz de Cañada Real Galiana

Los pasados días 15 y 30 de noviembre se presentaron en la Universidad Carlos III de Madrid y en la propia Cañada Real los resultados del proyecto ‘Diagnóstico de los usos y necesidades energéticas de la población de la Cañada Real Galiana’ (accesible en https://e-archivo.uc3m.es/handle/10016/38662). El proyecto es resultado de un convenio firmado entre la Universidad y la Comunidad de Madrid el 29 de septiembre de 2020. Es decir, que la Gobierno regional mandó realizar la investigación antes de que se produjese el corte del suministro eléctrico en la antigua vía pecuaria (que tuvo lugar el 2 de octubre de 2020), pero el mismo se ha desarrollado durante dicho apagón, que se ha mantenido de forma ininterrumpida hasta hoy.

Una situación que es relevante, ya que, gracias a la probada honestidad investigadora de los autores del Informe (J. Martínez Crespo, F. Hernández Jiménez y U. Ruiz-Rivas Hernando), sus resultados muestran a toda la ciudadanía y a la Comunidad de Madrid, como solicitante de la investigación, una realidad que confirma, con la metodología investigadora propia del Grupo de Cooperación Ingeniería para el Desarrollo Humano que la ha llevado a cabo, lo que han demostrado el resto de estudios e investigaciones que se han venido realizando desde diferentes ámbitos y perspectivas: el corte de suministro eléctrico hace inviable una vida digna a los habitantes de la Cañada Real que lo sufren. Además, refleja que existen diferentes alternativas técnicas que permitirían reestablecer el suministro eléctrico, que lo único que hace falta para llevarlas a cabo es la voluntad de hacerlo por parte de las administraciones públicas y que no hacerlo va contra los derechos humanos, el Pacto Regional para Cañada Real Galiana y la legalidad nacional, europea e internacional. Es decir, estamos ante una gravísima violación de derechos humanos plenamente achacable a las acciones y omisiones culpables de las administraciones públicas (Gobierno central, Comunidad de Madrid y ayuntamientos de Madrid y Rivas-Vaciamadrid).

Acciones inmediatas

Como se dice en el informe: “En el aspecto sustantivo de la desconexión activa de un número enorme de hogares al suministro eléctrico (parece con bastante verosimilitud que se trata del caso de desconexión global más amplio registrado en Europa en décadas) se requieren acciones inmediatas por parte de las administraciones y empresas competentes. Dichas acciones parecen urgentes y necesarias a partir de principios generales y derechos humanos, pero también a tenor del compromiso establecido en el Acuerdo Regional para Cañada Real Galiana, el 17 de mayo de 2017, para garantizar los servicios básicos a sus habitantes”.

Nadie puede alegar ignorancia, exijamos responsabilidades políticas, civiles y penales a las compañías y responsables políticos por la violación de derechos humanos que consienten que exista desde hace tres años en la Cañada Real.

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