Por Plataforma Cívica de Apoyo a la Lucha por la Luz de Cañada Real Galiana
Hay tres tácticas recurrentemente utilizadas a lo largo de la historia por quienes tienen el poder para mantenerse en el mismo y satisfacer sus intereses, aunque para ello se cometan actos horribles que una población consciente nunca consentiría. Una es desplazar el centro de atención de la población de dichos actos y sus consecuencias; otra es mentir, utilizando datos y términos falsos que enmascaran la realidad; y otra es hacer creer a una buena parte de esa población que las negativas consecuencias de esos actos no les van a afectar.
Es cierto que la realidad es tozuda y muchas veces el horror de los actos que se realizan está a la vista de todos, pero, aun así, las maniobras de distracción del poder siguen consiguiendo que se oculten tras sus cortinas de humo.
A la vista de todo el mundo están las imágenes, los datos y la información que muestran que el Estado de Israel está cometiendo un genocidio con la población palestina, por más que la mayoría de los medios y políticos sigan hablando de “legítima defensa”, “conflicto armado” o “guerra” entre Israel y Hamás. Así se demuestra, por ejemplo, en el Informe de la Relatora Especial de Naciones Unidas ‘Anatomía de un genocidio’ (A/HRC/55/73).
Los que vivimos en la Comunidad de Madrid tenemos multitud de ejemplos de la utilización de esas prácticas de distracción por parte del Gobierno de la Comunidad. Sin ir más lejos, el intento de ocultar la realidad innegable de que, por las decisiones políticas tomadas durante la pandemia de la covid-19, 7.291 personas murieron de forma indigna en las residencias de la Comunidad de Madrid. Y lamentablemente, un lugar destacado en ese listado de realidades que se quieren ocultar está la situación de los habitantes de la Cañada Real.
Imagen falsa de la población
Por más que con mentiras y términos denigrantes y aporofóbicos, que el Gobierno de la Comunidad utiliza y las redes sociales y algunos medios de comunicación expanden, se proyecte una imagen falsa de la población de la Cañada; por más que ahora se intente desviar la atención haciendo ostentación de los 330 millones de euros que se piensan invertir en un plan de realojos que no tiene contenido real y que ha sido realizado sin contar con los vecinos y sus necesidades reales; la tozuda realidad es una: el Gobierno central, el de la Comunidad Autónoma y los Ayuntamientos de Madrid y Rivas-Vaciamadrid llevan más tres años y medio consecutivos violando gravemente los derechos humanos de más de 4.000 personas, casi 2.000 de las cuales son niñas y niños, al mantenerles sin suministro eléctrico. Pese a sus maniobras de distracción, esa es la realidad denunciada de forma contundente por Naciones Unidas, el Consejo de Europa y el Defensor del Pueblo, entre otras organizaciones y entidades. Somos plenamente consciente de esa realidad y de lo que implica, y por eso la denunciamos y la combatiremos hasta que la luz vuelva a la Cañada.
