Por Plataforma Vallecana en Defensa de las Pensiones Públicas (COESPE)
Una vez más, las personas mayores, pensionistas y la ciudadanía en general, estamos convocados para manifestarnos en defensa de una vida digna y de unos derechos que algunos nos pretenden arrebatar.
Una vida digna en las residencias donde las muertes durante la pandemia (7.000 del total de 35.000 en Madrid) fueron causadas por la perversa decisión de la Comunidad de Madrid, que se negó a hospitalizar a quienes habían contraído el virus. Vida digna que se niega también en esos espacios hacinados, faltos de personal y en los que a la señora Ayuso le parece interesar más seguir con su privatización y asegurar el negocio que hacen con ellas los fondos de inversión.
Una vida digna, merecedora de unas pensiones públicas adecuadas, que se revaloricen con la inflación (IPC) que se está comiendo nuestra capacidad adquisitiva de por sí escasa en el caso de las familias más pobres, mientras llena los bolsillos de las compañías energéticas, los bancos y los grandes intermediarios de la alimentación.
Una vida digna para quienes malviven con pensiones mínimas que todavía están muy por debajo de un Salario Mínimo Interprofesional (SMI) que, pese a las últimas subidas, también debe incrementarse para adecuarse a la carestía de la vida y llegar a los 1.100 euros.
Una vida digna para gran parte de las mujeres pensionistas, con pensiones de viudedad y mínimas, pese a haber dedicado su vida a tareas no pagadas del hogar, empleos de bajísimos salarios y cortas carreras laborales.
Para alcanzar esa vida digna no faltan, como los poderosos pretenden, los recursos, ni su obtención supone una amenaza a la economía. Bastaría con que los cuantiosos beneficios que obtienen las grandes fortunas y empresas contribuyeran, vía impuestos para los ricos, a reducir la desigualdad social y a reforzar la sanidad y enseñanza públicas. Eso sería patriotismo. En el caso de las pensiones, bastaría el reconocimiento de la deuda histórica de más de 100.000 millones que el Estado tiene con la Seguridad Social por gastos pasados indebidos, pendientes aún de una auditoría.
Por eso, para que se haga justicia y no nos ocurra como con la crisis de 2008 y los recortes sociales que la acompañaron, nos movilizaremos el día 15 de octubre en una gran manifestación a la que acudirán también pensionistas y trabajadores del resto de España.
