Por Plataforma Cívica de Apoyo a la Lucha por la Luz de Cañada Real Galiana
El pasado 20 de noviembre se cumplieron 35 años de la norma más importante de los derechos de los niños y de las niñas: la Convención de Naciones Unidas sobre los Derechos del Niño. La Convención forma parte de nuestro ordenamiento jurídico desde enero de 1991 y ha supuesto tener que adaptar nuestras normas a su contenido. En ese sentido, el actual artículo 2.1 de la Ley Orgánica de Protección Jurídica del Menor establece que “todo menor tiene derecho a que su interés superior sea valorado y considerado como primordial en todas las acciones y decisiones que le conciernan, tanto en el ámbito público como privado. […] primará el interés superior de los mismos sobre cualquier otro interés legítimo que pudiera concurrir”.
Sin embargo, en los sectores 5 y 6 del barrio de Cañada Real viven más de 1.800 niños y niñas que, desde hace más de cuatro años (¡cuatro años!), tienen que vivir sin electricidad (aunque los del sector 5 han venido teniendo un suministro más o menos irregular). Los propios menores de Cañada escribieron 65 cartas, en noviembre de 2020, al Comité de Naciones Unidas para dar a conocer su terrible situación (recordemos que dos meses después todavía tuvieron que sufrir los efectos de la tormenta Filomena). Y el 22 de diciembre nueve relatores especiales de Naciones Unidas, en una carta conjunta, denunciaban que “los cortes de electricidad ponen en peligro la vida de los niños y niñas en la Cañada Real”.
El propio Gobierno de España reconoció oficialmente, en el Real Decreto 1058/2021, de 30 de noviembre, (¡hace ya tres años!) que “la salud de niños y niñas ya está sufriendo las consecuencias de la falta de electricidad en sus casas, lo que, además de vulnerar el derecho de la infancia a una vivienda adecuada, acarrea un impacto fuertemente negativo en sus derechos a la alimentación, a la educación y, en definitiva, al disfrute de una vida en condiciones de dignidad”.
Condiciones indignas
Y, sin embargo, a día de hoy seguimos permitiendo que las autoridades públicas continúen negando la electricidad en la Cañada. Seguimos permitiendo que incumplan la ley, que se vulnere de forma flagrante y grave el interés superior de los niños y niñas, que sean otros intereses (como son los de las grandes promotoras urbanísticas) los que primen sobre ellos, que se violen sistemáticamente sus derechos humanos básicos, y que se les haga vivir en condiciones indignas.
Somos una sociedad que nos hemos dado las normas propias de una sociedad civilizada y comprometido a defender los derechos humanos y el interés superior de la infancia. Sin embargo, también somos capaces de consentir que durante cuatro años seguidos se violen grave y sistemáticamente esas normas, esos derechos y ese interés superior de más de 1.800 niños y niñas de un barrio de Madrid. Ni un día más. Sus vidas dependen de ello, y la misma esencia de nuestra sociedad depende de ello.
